El periódico “El Noroeste”, que se
titulaba como “diario democrático independiente”,
fue fundado en 1897 en Gijón por tres destacados
miembros del movimiento republicano. Contaba con una
de las mejores imprentas de la región, por lo que
el periódico en seguida destacó tanto por
la calidad de la impresión como de la información.
“El Noroeste” pasó a ser, andando
los años, el periódico de Melquiades Alvarez
y del reformismo en Asturias, hasta su desaparición
en 1936.

Por
puro azar, se revisaron todos los números de ese
periódico correspondientes al mes de Octubre de
1919. De ahí proceden los recortes de prensa,
seleccionados no tanto por su importancia, sino por su
posible interés para una mejor comprensión
de aquella época. Un año en el que Europa
acababa de salir de la “Primera Guerra Mundial”,
la Revolución rusa se batía en guerra civil
contra la reacción internacional y España
se agitaba en una profunda crisis social y económica,
antesala del desastre marroquí y de la dictadura
de Primo de Rivera.

Han
pasado ochenta y cuatro años y en la historia de
las luchas del proletariado español por la reducción
de la jornada, por la mejora de los salarios, por la seguridad
y la higiene en el puesto de trabajo, por la vivienda
y la enseñanza, y tantas otras cosas, se pueden
ver los logros y los avances, pero también los
retrocesos. Por ejemplo, ¿en cuántos sectores
de nuestra economía se trabajan en la actualidad
cincuenta o más horas semanales?

La
jornada laboral de siete horas

“El proletariado asturiano sale de esta ejemplar
lucha fortalecido en su personalidad y robustecido en
su crédito. Se ha conducido demostrando una visión
de la realidad, una sensatez y una disciplina admirables.
El Sindicato Minero Asturiano (SOMA-UGT) tiene en su magnifica
actuación social jornadas brillantes. La que acaba
de añadir a su ejecutoria supera en trascendencia
e importancia a las anteriores. (…) El minero de hoy,
comparado al de aquellos días en que el Sindicato
se constituye, es un minero redimido. La nueva jornada
de trabajo le coloca en relación de igualdad con
el minero inglés, que es el minero que marcha,
en capacitación y bienestar social, a la cabeza
de los del mundo.”

“La huelga minera ha transcurrido en el mayor orden.
Cesaron en sus ocupaciones cerca de treinta mil obreros.
La vida en toda la cuenca minera entró en una pasividad
absoluta. Sin embargo, no se registró un solo hecho
que interrumpiese la tranquilidad habitual ni que pusiese
inquietud alguna en los espíritus. Son esos los
trabajadores asturianos. Son los que en Agosto de 1917
fueron perseguidos como alimañas por una plutocracia
desbordada en sus pasiones y egoísmos, y que dio
ocasión a que el insigne demócrata don Melquiades
Alvarez dijese que el patriotismo sincero, abnegado y
consciente se había refugiado en los trabajadores.”

El clericalismo imperante: un entierro

“Anteayer falleció en El Llano la señora
doña Mercedes García Alvarez. Sus deudos
dispusieron enterrarla civilmente, cumpliendo así
la última voluntad de la finada, que se distinguió
en vida por su independencia de toda doctrina confesional.

El
señor cura párroco de Roces quiso oponerse
al acto civil, aduciendo derechos de carácter espiritual
completamente abolidos en las leyes y en el tiempo. Lo
más censurable de todo esto han sido las molestias
que dicho cura produjo a los familiares de la extinta
señora Alvarez, demandándolos ante el Juzgado
y amenazándolos con la exhumación del cadáver.
Claro está que el digno señor juez correspondiente
procedió con la rectitud debida, no permitiendo
el atentado que proyectaba el señor cura de Roces
contra la libertad de conciencia.

Nosotros,
que tenemos por norma el mayor respeto a los sentimientos
religiosos de cada uno, protestamos enérgicamente
de este nuevo caso de intolerancia, y esperamos que no
vuelva a suceder.

El
señor cura de Roces no debe olvidar, por lo menos,
que vive en pleno siglo XX.”

El clericalismo imperante: dos bodas

“Casamiento Civil. Lo efectuó el sábado
último nuestro querido amigo y consecuente socialista
Maximino Cuesta con la joven Dolores Argüelles, ambos
vecinos de la Hueria de Carrocera.

Aunque
parezca mentira, tuvieron los consortes que vencer grandes
dificultades para lograr ser unidos con arreglo a los
dictados de sus conciencias.

Después
del acto, se celebró una velada en el Centro Obrero
en honor de los contrayentes. Reciban nuestra felicitación.

La crónica continuaba así: “Según
hemos podido enterarnos, este matrimonio se efectuó
civilmente a causa de las intemperancias e intransigencias
del cura de Caldones.

El
novio, a pesar de sus ideas radicales, transigía
con que el matrimonio fuese canónico, y en lugar
de aprovechar esta transigencia, el párroco
se envalentonó, pretendiendo, sin duda, determinadas
humillaciones para celebrar el enlace ante el altar.
Y esto no sólo exasperó al novio, sino también
a las familias de los cónyuges y a casi todo el
vecindario de Caldones, que hoy aplaude sin reservas el
matrimonio civil efectuado ayer.

Malo,
muy malo para la causa clerical es lo ocurrido ayer ante
el Juzgado de Oriente. Fue el primer matrimonio civil
entre labradores y pudiera resultar que fuera también
el principio de un desfile por el despacho de los jueces
municipales.

Hay
pastores que espantan las ovejas en vez de atraerlas con
el cariño y el amor que predicó el Justo.”

El
incipiente movimiento feminista

“Continuando el curso de conferencias iniciado por
la Agrupación Femenina Anticlerical del Natahoyo
(barrio de Gijón), tendrá lugar hoy, a las
nueve de la noche, en el local del Comité Republicano,
una importante (conferencia) que correrá a cargo
del joven abogado don Mariano Merediz.

El
tema es: “Un paseo a través de la Historia”
La entrada será pública.”

El incipiente movimiento feminista: “La mujer
en el presente y el porvenir”

El doctor Loredo Aparicio, “empezó analizando
el problema del feminismo en Europa, tal como se halla
planteado después de la guerra, extendiéndose
más ampliamente en el yanqui, por más
práctico y en armonía con el carácter
de la mujer española, aun dominada por la educación
conventual y una serie de prejuicios ridículos,
si no fueran nocivos.

El
problema sexual, así como las influencias que la
mujer ejerce en los diversos ambientes (hogar, escuela,
cuartel, municipio), fueron tratados por el conferenciante
con bastante amplitud, encareciendo la necesidad de
que las mujeres en sus agrupaciones laboren, estudien
y trabajen para arrancar la igualdad de derechos y deberes
con respecto al marido y los hijos, dignificando el hogar
y la vida.

Finalmente,
y prescindiendo de otros interesantes puntos de vista
que la falta de espacio nos impide publicar, dio fin,
no sin fustigar duramente la mentirosa caridad oficial
burguesa, y poniendo ante los oyentes el símbolo
de Gijón, ciudad dominada por la colina del Coto
de San Nicolás, donde se asientan la Cárcel,
el Cuartel y el Convento.”

El incipiente movimiento feminista: el derecho al voto

Firmado con el seudónimo de Renana, se reproducen
algunos de los párrafos más destacados:
“(…) Para que la mujer pueda ejercer libremente
ese derecho, tiene antes que independizarse del confesionario.
Pues muy bien pudiera ocurrir que este sagrado lugar
donde las almas vierten sus errores, la absolución
fuera dada a cambio de una papeleta electoral.

Justificable
esta acción en el sacerdote, porque todos los medios
son buenos para defender las ideas de los prohombres reaccionarios.

Y
la mujer, amable y caritativa, ¿cómo iba
a negar este favor, al parecer insignificante, al confesor
que la absuelve y la perdona?

Sería
demasiado ingrata, y la ingratitud en las mujeres no suele
ser frecuente.

Esta
es la razón que aducen los partidos avanzados para
recibir con recelo esa ley, que dentro de su amplia libertad
ciudadana, oscilan sombras demasiado significativas.

La
mujer debe defender sus derechos civiles; pero antes que
nada, de su educación, de su vida emancipada dependerá
la libertad de pensar, haciéndose entonces acreedora
a ostentar su personalidad ciudadana.

Nosotras,
las mujeres que vemos la vida como una corriente ideológica
a la que nadie puede poner un dique que la paralice, defendemos
toda ley que tienda a favorecernos; pero estamos en el
deber de manifestar públicamente las consecuencias
que sobrevendrían cuando haya una mayoría
que habría de emplearla en contra de los fines
para que fue establecida.”

Con
este artículo se quiere rendir homenaje a las
mujeres que en Gijón fueron condenadas a pena
de muerte por los tribunales militares del ejército
franquista, tribunales que empezaron a funcionar en
esta ciudad tras la derrota de las fuerzas republicanas
en Octubre de 1937 y la consiguiente ocupación
total de Asturias.

Como
eran mujeres del pueblo, su biografía se limita
a los datos de filiación y a la reseña
acusatoria de los que las mandaron matar: sus familiares,
sus camaradas, sus amigos y vecinos, o los hijos de
sus familiares, camaradas…, o los nietos de sus…,
nos harán llegar más información.
Así lo pedimos y esperamos. Porque el pueblo
nunca ha perdido la memoria. Todos los que vivieron
y sufrieron la barbarie franquista no pueden olvidarla
jamás.

La
memoria solamente se pierde por enfermedad o, para
lo que aquí se trata, por conveniencia política.
Durante la dictadura franquista, en cada provincia
española ha habido un Pinochet y un Videla
con su cohorte de “milicos” y sus escuadrones
de la muerte. Transición/transacción:
¿cómo se iba a recordar a los cientos
de miles de víctimas del franquismo cuando
se estaban sentando a la misma mesa con los autores
y beneficiarios de aquel genocidio para negociar,
pactar y repartir el poder y sus prebendas en el continuismo
del nuevo/viejo régimen monárquico?

Cuando
un sistema político se impone en un país
de forma fraudulenta y se desarrolla en un ambiente
de oportunismo e hipocresía, necesita reescribir
la historia para adaptarla a sus conveniencias presentes.
Tarea difícil, porque para que la mentira triunfe
se requiere mucha inteligencia y pocos o ningún
testigo. Escasea la inteligencia tanto como abunda
la propaganda. Testigos, testimonios y pruebas quedan
muchos pese al paso del tiempo y a la labor depuradora
de los “viejos” censores, ahora al servicio
de la monarquía.

Anita
Orejas: ¿quién era Anita Orejas? Pues
Anita Orejas López era una chica de 23 años
y con sus 23 años la fusilaron contra las tapias
del cementerio de Ceares un amanecer de Noviembre
de 1937. Anita Orejas no fue ni una Agustina de
Aragón ni una Dolores Ibarruri, y aunque lo
hubiera sido; no comandó ningún batallón
ni practicó el espionaje o la delación,
y aunque lo hubiera hecho; no era maestra ni fue,
siquiera, miliciana, y aunque lo hubiera sido. Anita
Orejas era una chica de 23 años que vivía
en Gijón, al final de la calle de Ferrer y
Guardia, y trabajaba como empleada de hogar: ¡y
la fusilaron un nueve de Noviembre!

Durante
la guerra, Anita trabajó como enfermera en
alguno de los numerosos y atestados hospitales de
Gijón, y se afilió al Partido Socialista.
La detuvieron a los pocos días de la entrada
de las tropas franquistas en Gijón y se la
llevaron al cuartel de la Guardia Civil de Los Campos…
Oficialmente, en los legajos, la denuncia parte de
una mujer, dos años más joven que Anita,
que estaba casada con uno de los guardias civiles
de ese cuartel. El marido de la denunciante estuvo
prisionero durante todo el tiempo que duró
la guerra en el Norte por haberse unido a los sublevados.
Cumplía condena en el penal de El Dueso pero,
al producirse el avance nacionalista sobre Santander,
le evacuaron, junto a los demás presos, hacia
Asturias. A ese guardia civil y a otros muchos les
mataron luego en la playa de La Franca, no se sabe
si por intento de fuga, por orden superior o por simple
venganza.

No,
Anita ni estuvo allí ni sabía nada de
eso, pero aunque hubiera estado y aunque lo hubiera
sabido. A Anita la acusaban de haberla visto dentro
del cuartel de La Guardia Civil de Los Campos a los
tres días de que los guardias se hubieran rendido.
La denunciante decía que Anita llevaba pistola
al cinto y, al cuello, un pañuelo rojo. Admitía
Anita haber entrado en el cuartel, pero negaba lo
de la pistola y el pañuelo, pero aunque los
hubiera llevado. Esa mujer que la denunció,
la identificó después en una rueda de
presos: ¿cómo alguien puede recordar,
tras el paso de quince meses, la cara de una persona
que solamente vio unos instantes en medio del barullo
y desorden propios de la situación? Claro que
también pudiera suceder que la denunciante
conociese de antes y odiase a Anita por motivos que
nada tuviesen que ver ni con la guerra ni con la revolución,
o que la denunciante no hiciera más que obedecer
las instrucciones de una tercera persona… Pero,
aunque así fuera.

Porque
Anita Orejas, que tenía 23 años y se
había afiliado al Partido Socialista durante
la guerra, no era ni Agustina de Aragón ni
“La Pasionaria”, ni comandanta de batallón
ni miliciana, ni maestra de la ATEA ni dirigente sindical
ni concejala. Ni siquiera pertenecía a un comité
cualquiera. A Anita no se le ocupó ningún
pañuelo rojo ni, mucho menos, ninguna pistola;
y, además, tuvo “la suerte” de que
la susodicha denuncia cayese, no en manos de unos
“gatilleros” de Falange con ganas de darle
el “paseo”, sino que la denuncia siguió
el trámite oficial, con sus atestados redactados
en lenguaje policial y cumplimentados con las pólizas,
sellos y firmas pertinentes. Siguió con
suerte, Anita Orejas, porque su causa judicial no
le tocó a un chusquero llegado del frente,
sino que tuvo como juez instructor a un hombre de
leyes como Vicente Otero Goyanes, alférez Jurídico,
que auxiliado por su secretario, Manuel Martínez
de la Vega, dio cuerpo al que sería “sumarísimo
de urgencia nº 170”. La instrucción
del sumario, ¡qué duda cabe!, fue tan
imparcial como exhaustiva, y llevó al instructor
a concluir que los hechos aquí sucintamente
relatados eran constitutivos de un delito de rebelión
militar: ¡así lo afirmó y firmó
un señor alférez del cuerpo Jurídico
militar!

Fue el lunes, día ocho de Noviembre de 1937,
cuando comenzaron a celebrarse los consejos de guerra
sumarísimos de urgencia en Gijón, en
el salón de actos del Instituto Jovellanos:
¡La obra más importante y más
querida del ilustre y benéfico Gaspar Melchor
de Jovellanos convertida en albergue de falangistas
y policías de Asalto, en cárcel y centro
de tortura, en escenario de la suprema ignominia y
perversión humanas!

A
las diez de la mañana hacían su entrada
los miembros del Tribunal Permanente nº 1, que
preside el comandante de Caballería Luis de
Vicente Sasiaín, y se celebraba el primer consejo
de guerra: tres son los acusados: Constantino Valero,
Florentino Argós y José Luis Ferrer.
Audiencia pública. Se encarga de leer las acusaciones
el secretario del consejo, que es el joven abogado
gijonés Bonifacio Lorenzo Somonte. Actúa
de fiscal el alférez honorífico del
Cuerpo Jurídico Antonio Iglesias.

Apenas
una hora después, a las once y cuarto, se celebra
el segundo consejo de guerra. Lo forman el mismo tribunal,
secretario y fiscal. Los acusados son: Valentín
Sánchez Cuesta, Cipriano Carrera y Ana Orejas
López. El fiscal es tan breve como conciso
y pide la pena de muerte para los tres. El defensor,
teniente Luis Barreiro Paradela, al decir de las crónicas
periodísticas, “da comienzo a su brillante
informe considerando las bellezas de Asturias, grande
y digna, y después de intentar refutar los
cargos que el Ministerio Fiscal imputa a sus patrocinados,
solicita se les considere como autores de un delito
de auxilio y no de rebelión.” Se termina
la vista y el tribunal se reúne para dictar
sentencia.

Por
la tarde, a las cinco, otro consejo de guerra. Son
los acusados: Maximiliano Gómez Cobos, Raimundo
Alcorazo, Francisco Conde Calvete, José Costas
Costas, Facundo López Fernández, Luis
Subisaga, Juan Fernández Moreira, Manuel Marcos
Ezquer y Angel Cristóbal Aparicio. El fiscal
pidió la pena de muerte para todos.

Los
cristianos caballeros que componen el tribunal militar
nº 1, impregnados hasta el tuétano del
honor y demás virtudes militares, tuvieron
a bien dictar ese día catorce condenas a pena
de muerte y una a reclusión perpetua. En este
caso no hubo discriminación y fueron igualitarios,
así que a Anita Orejas también la condenaron
a pena de muerte.

Y
al día siguiente, al amanecer, un traqueteo
de motores por la calle Ramón y Cajal arriba.
Durante meses y meses, el metálico y fugaz
paso de esta caravana de la muerte anunciaba que el
día iba a nacer con fusilamientos. Los
piquetes de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto
se presentan ante la cárcel de El Coto a reclamar
a sus víctimas. Un piquete vigila y el otro
fusila. Un día matan unos y otro día,
otros. Que todos maten que así todos tendrán
porque callar. ¿O serían soldados los
que esos primeros días tuvieron que desempeñar
tan siniestra tarea?

Trece
hombres y una mujer cruzaron el rastrillo de la cárcel
de El Coto aquel nueve de Noviembre. Amarradas
las muñecas con alambres, les subieron a las
camionetas y la comitiva se puso en marcha: medio
kilómetro hasta el paredón del cementerio
de Ceares. No esperaron para ejecutarles ni las tres
o cuatro semanas que solía llevar el trámite
de la consulta y recepción del correspondiente
“enterado” del “Cuartel General del
Generalísimo”: ¡se conoce que tenían
prisa por derramar sangre de inocentes!

No
sabemos cómo se las arreglarían para
ponerles delante del paredón, si los tendrían
que dominar a culatazos y llevarlos a rastras o si
marcharían gallardamente dando “vivas”
a la República, si escupirían al piquete
o implorarían clemencia, si aceptarían
al sacerdote o maldecirían a Dios y a toda
la corte celestial… No sabemos si los fusilarían
de tres en tres o de cinco en cinco, ni si a Anita
la fusilarían sola por ser mujer o no. Nadie
de los que de allí regresaba hablaba de ello.
Solamente un fraile de los que asistían a los
fusilamientos dijo un día a unos presos de
El Coto: “dos tiros a la cabeza y tres al corazón”.
Así que ese nueve de Noviembre, setenta
disparos dieron los buenos días nacionalistas
a la villa de Gijón.

Y
allí quedaron los cuerpos formando montón
a la espera de que los enterradores los tirasen a
la zanja ya abierta: trece hombres y una mujer: Ana
Orejas López, a la que llamaban Anita porque
tenía 23 años y no había sido
ni Agustina de Aragón ni la Pasionaria, ni
miliciana ni nada de nada, pero a la que la Justicia
Militar del ejército franquista la hizo acreedora
a los cinco plomos reglamentarios que agujerearon
su cuerpo y pusieron fin a su corta vida.

Expediente procesal de Anita

Teresa
Santianes Giménez tenía 23 años,
como Anita, y también vivía en Gijón.
En el segundo consejo de guerra de los que se
celebraron el sábado día veinte de Noviembre,
los mismos que condenaron a Anita la sentenciaron
a ella a pena de muerte. No sabemos si acudiría
a presenciar la siniestra pantomima del consejo de
guerra o no, porque llevaba ingresada en el hospital
desde el día cinco. Quizás por ese motivo
no la fusilaron el nueve de Diciembre con los otros
siete hombres que habían sido condenados a
la máxima pena el mismo día que ella.
Esperaron a que le dieran de alta en el hospital
para poder meterla en la cárcel de El Coto
y fusilarla el día veintiuno de Diciembre junto
con otros cuatro hombres.

El
tribunal militar nº 1 seguía celebrando
consejos de guerra en Gijón. En uno de ellos,
el primero que se celebró en la mañana
del jueves día dos de Diciembre, compareció
Juana Alvarez Molina. Juana tenía cuarenta
años, estaba casada y era madre de siete hijos.
Los mayores habían estado luchando en el frente
como milicianos, los pequeños rondaban los
seis años. La detuvieron en su casa de
la calle Oriental, en La Calzada, el veinticinco de
Noviembre y la acusaron de participar en manifestaciones
y requisas. En realidad y como en tantos otros casos,
la tomaron a ella como rehén pensando que así
conseguirían que su marido, que era al que
realmente tenían interés en coger, abandonaría
el escondite donde estuviera oculto y se entregaría.
Como vieron que pasaban los días y el marido
no se entregaba, llevaron a Juana ante el tribunal
militar para que la condenase a pena de muerte, como
así fue. La fusilaron el día quince
de Diciembre junto a un chico llamado Felicísimo
García Casas, que tenía veinticuatro
años, era natural de un pueblo de León
y se había pasado a la zona republicana.

¿Cómo
se iba a entregar el marido de Juana, Luis Laruelo,
si había conseguido escapar a Francia en uno
de los últimos barcos que salieron de El Musel?
Pero a Luis Laruelo, obrero de la “Fábrica
de Sombreros” de La Calzada, afiliado al sindicato
“El Fieltro”, de la CNT, miembro del Comité
de Control que se incautó y dirigió
la producción de dicha fábrica durante
la guerra, le buscaban dos familias poderosas de Gijón:
los Paquet, propietarios de la empresa, y García
Rendueles, gerente de la misma. No lograron encontrarle,
mataron a su mujer. Mejor dicho, lo mandaron, mandaron
que se matase a su mujer. Y así se encontró
Juana, madre de siete hijos, camino del paredón
de Ceares. Cuenta la leyenda popular que al darse
cuenta Juana de a dónde la llevaban, se aferró
tan fuertemente a una de las barras del autobús
o furgoneta en que la llevaban que los guardias solamente
pudieron hacerla bajar después de cortarle
una mano con una bayoneta.

Confirmación de la pena de muerte de Juana
y Felicísimo

El
viernes día diez de Diciembre, tres mujeres
fueron condenadas a muerte. En el primer consejo de
guerra que se celebró ese día comparecieron,
junto con otros acusados, las hermanas María
y Ludivina Suarez Sala, naturales de Cenero y vecinas
de la parroquia gijonesa de Carbaínos. María,
de 18 años, fue condenada a pena de muerte
y Ludivina a reclusión perpetua.

En
el tercero de los consejos de guerra, otras dos hermanas,
Eladia y Aurora García Palacios vieron como
el tribunal militar les imponía sendas penas
de muerte. Eladia era maestra, tenía 33
años y estaba casada. Daba clases en un colegio
particular en el barrio de La Guía y pertenecía
a la sección local de FETE-UGT y a la ATEA.
En el mes de Septiembre de 1936 había sido
nombrada directora del Asilo Pola y del Patronato
San José. Su hermana Aurora, de 38 años
de edad, casada y sastra de profesión, pasaba
por ser su ayudante.

María
Suárez Sala, condenada a pena de muerte con
apenas dieciocho años de edad, despertó
un resto de humanidad en el auditor de guerra que
al supervisar la sentencia añadió a
la misma lo siguiente: “”Otrosí,
digo: La imprecisión de la fecha de los hechos
determinantes de agravación para la sentencia
para María Suárez Sala, y la circunstancia
de tener ésta, precisamente, dieciocho años,
inducen al Auditor que suscribe, a proponer la conmutación
de su pena por la inmediata inferior, estimando que
la dudosa aplicación del artículo 211
del Código de Justicia Militar, debe de favorecer
al reo.” El Auditor de Guerra (firmado y rubricado).
Así fue, el día cinco de Enero de 1938
llegaba la comunicación de la Asesoría
Jurídica del Cuartel General del Generalísimo
conmutándole la pena de muerte por la de reclusión
perpetua.

También
Aurora pudo esquivar a la muerte, pero para la que
no hubo conmiseración alguna fue para su hermana
Eladia, la maestra. ¡Cómo no iban a fusilar
a una mujer que era maestra, que había expulsado
a las monjas del Asilo Pola, que “realizó
una labor perniciosa y criminal en la población
escolar de niñas del Asilo, familiarizando
a las alumnas con las ideas de libertad y emancipación
humanas”; que “escarnecía a las autoridades
y órdenes religiosas”; que “inculcaba
a las niñas odio al fascismo, efectuaba lecturas
diarias de formas asquerosas y llevaba a las niñas
a actos políticos públicos en que ella
actuaba”! ¡Cómo no iban a fusilar
a Eladia, la maestra “incivil, inmoral y atea”,
si había organizado una expedición niñas
que partieron para Rusia y, además, escribía
artículos en “Avance”, gozaba “de
gran ascendiente en el Frente Popular” y había
llegado a tener amistad con la familia de Belarmino
Tomás! Lo raro es que no hubieran levantado
para ella un patíbulo delante del Ayuntamiento
y la hubieran matado a garrote vil, conformándose
como se conformaron con fusilarla un veintinueve de
Diciembre en compañía de cinco hombres.

Anita
Vázquez Barrancúa tenía 27 años
cuando la fusilaron el 16 de Febrero de 1938.
Vivía en Gijón pero había nacido
en Avilés y estaba soltera. En el primer consejo
de guerra de los cuatro que se celebraron el día
diecinueve de Enero, el tribunal militar dictó
contra ella la pena de muerte. La acusaron de pertenecer
al PCE y al Socorro Rojo Internacional, de haber sido
nombrada policía secreta y de haberse ido,
más tarde, como voluntaria al frente, enrolándose
como miliciana en el batallón “Máximo
Gorki”.

Había
nevado en Gijón y en ese frío y gris
amanecer del miércoles dieciséis de
Febrero treinta y una personas pintaron de rojo con
su sangre la nieve y la tierra del cementerio, sangre
roja que también brotaba por los cinco agujeros
del cuerpo sin vida de Anita Vázquez Barrancúa.

El
día anterior, el martes quince, otra mujer
fue pasada por las armas; ella y treinta hombres más.
Se llamaba Belarmina Suárez Muñiz,
tenía 29 años, estaba soltera y vivía
en Bocines, concejo de Gozón, donde había
nacido. La acusaron de pertenecer a la UGT y al SRI,
y de haber sido la jefa de la cárcel de mujeres
de Luanco.

A
Belarmina Suárez la condenó a pena de
muerte el tribunal militar en el tercer consejo de
guerra que se celebró el viernes día
veintiuno de Enero. En los dos consejos de guerra
que precedieron al suyo, otras dos mujeres sufrieron
idéntica condena. Las dos eran naturales y
vecinas de Avilés. Una de ellas se llamaba
Adela Suárez López, tenía
cincuenta años y estaba viuda; la otra, mucho
más joven, con tan solo veintiséis años,
se llamaba Luisa García del Valle y
estaba casada. A las dos les notificaron la conmutación
de la pena de muerte por la de reclusión perpetua
unas horas antes de que llevaran a fusilar a todos
los demás que habían sido condenados
el mismo día que ellas.

sentencia firmada por el Tribunal Militar nº
1

Diariamente
se celebraban consejos de guerra, tres o cuatro al
día de media. El miércoles nueve de
marzo, comparecieron como encausadas treinta y dos
personas a las que el tribunal militar endosó
catorce penas de muerte. Una de esas penas de muerte
le tocó una mujer de Colunga llamada Palmira
Irene García Cueto de la que solamente
sabemos que tenía treinta y cuatro años
y estaba viuda. Se la conmutaron por la de reclusión
perpetua el día veintiocho de Mayo, fecha
en que les tocó morir fusilados contra las
tapias de Ceares a treinta y cinco prisioneros.

La
semana siguiente, otras tres mujeres fueron condenadas
a la última pena. Una de ellas era la joven
Carmen Ríos Toral, de apenas veintidós
años, que era de Panes, y que fue sentenciada
en el primero de los consejos de guerra del martes
quince de Marzo. El tribunal dio por buena la acusación
del fiscal y del juez instructor, y consideró
probado que Carmen Ríos había pertenecido
a las JSU, había vestido como miliciana y portado
pistola, formado parte de la corporación municipal
de Peñamellera Baja como teniente de alcalde
y que se había encargado de la dirección
de un taller de costura, todo lo cual, a criterio
del tribunal, bien merecía que a Carmen Ríos
se le arrancase la vida. Afortunadamente para ella,
no fue así y el cinco de Mayo le notificaron
la conmutación por la pena inmediatamente inferior:
reclusión perpetua.

Celestina
López Mariño y Eulalia Arevalillo Tapias
recibieron la sentencia de muerte en sendos consejos
de guerra celebrados el jueves diecisiete. Celestina
era de Avilés, estaba casada y tenía
treinta y cuatro años, la misma edad de Eulalia,
que había quedado viuda y había nacido
en Bilbao, aunque vivía en Gijón. A
Celestina la acusaban de pertenecer al PCE y al SRI,
de haber estado en el frente como miliciana y, más
tarde, como enfermera y delegada del SRI en el “Hospital
nº 25” de Avilés. La acusación
contra Eulalia parecía más grave, pues
afirmaban que ella y su marido, del que no sabemos
se habría muerto en el frente o fusilado, habían
estado haciendo fuego de ametralladora contra el cuartel
del Simancas durante los días que duró
el asedio. El tribunal militar no se anduvo con
distingos y las condenó a las dos a pena de
muerte, que les fue conmutada con fecha seis de Mayo
de ese año.

Al
día siguiente le tocó pasar por el amargo
trance del consejo de guerra a una mujer de Avilés
llamada Antonia González Cuervo, de 51 años
de edad. No la condenaron a pena de muerte, sino a
reclusión perpetua. Pero, como si la hubieran
ejecutado, porque víctima de las penosas condiciones
de la prisión central de mujeres de Saturrarán,
término municipal de Motrico, en Guipúzcoa,
a donde había sido trasladada a cumplir condena,
falleció en la enfermería de la prisión
el quince de Octubre de ese mismo año. “Miocarditis”
es lo que figura como causa oficial de la defunción.

El
sábado veinticinco de Junio, Gijón se
despertó con las cotidianas descargas de los
máuseres reglamentarios. Sucesivas y espaciadas,
y a tenor de lo detallado por uno de los capellanes
de la cárcel de El Coto, ese día completarían
un total de ciento cinco disparos, más los
sueltos de la pistola del oficial que mandase el piquete,
los llamados tiros de gracia. Porque ese día
en que la ciudad aún estaba engalanada de celebrar
la festividad religiosa del Sagrado Corazón
de Jesús, incluidos misa y sermón
en la iglesia de los RR. PP. Jesuitas, a la que siguió
la correspondiente procesión por las principales
calles de la ciudad; ese día, todos, empezando
por los reverendos padres, seguidos por las respetables
“Siervas de Jesús” y demás
devota feligresía, todos oyeron la sonora
traca con que se llevaba a cabo el matutino ritual
del holocausto proletario: veintiún víctimas
sacrificadas para mayor gloria de la patria y la religión
verdadera. Veinte hombres y una mujer, una mujer llamada
Máxima Vallinas Fernández, que vivía
en Ribadesella aunque era natural de Villaviciosa,
que tenía cuarenta y dos años y estaba
viuda. Que no sabemos si tendría hijos o no,
pero que cabe pensar que sí los tuviera, unos
hijos que a partir de ese día quedaban huérfanos
de padre y madre…

Huérfanos
de padre y madre, sí, porque estamos viendo
en este breve listado del crimen que muchas de las
mujeres estaban viudas, sin que se pueda precisar
las causas que llevaron a sus maridos a la tumba.
Porque viuda estaba también Amelia Noriega
Martínez, que tenía 37 años y
era natural y vecina del pueblo llanisco de Vidiago.
A Amelia no la fusilaron, pero perdió la vida
igualmente en esa especie de campo de exterminio que
era la cárcel de Saturrarán. La
habían condenado a reclusión perpetua
en uno de los consejos de guerra del día nueve
de Julio. No llegó ni a cumplir un año
de condena, pues falleció en la citada cárcel
de mujeres el día ocho de Abril de 1939 a consecuencia
de “uremia”.

sentencia firmada por el Tribunal Militar nº
3

La
última mujer fusilada en Gijón fue Estefanía
Cueto Puertas, que fue pasada por las armas el día
29 de Agosto de 1939, llamado por los patrocinadores
del holocausto proletario “Año de la Victoria”,
victoria de la ignominia, el crimen y la venganza.
A Estefanía Cueto la sentenciaron a la última
pena en un consejo de guerra celebrado en Oviedo el
día tres de Marzo: casi seis meses la tuvieron
encerrada en los corredores de la muerte esperando
oír pronunciar su nombre cada amanecer. Natural
de Nueva de Llanes, tenía 40 años, estaba
soltera, era modista y vivía en Sotrondio.
Pertenecía al PCE y decían de ella que
había participado en la Revolución de
Octubre del 34 y que había conseguido huir
y exiliarse en Rusia, de donde regresó en Febrero
de 1936, tras la victoria electoral del Frente Popular.
También afirmaban los que la condenaron a morir
que durante la guerra había sido una de las
principales dirigentes comunistas y que había
desempeñado la dirección de talleres
de costura en Sotrondio, en Nueva y Posada de Llanes,
y en Pola de Siero: ¡grave crimen el de saber
coser!

El
día que la fusilaron se contaron quince cuerpos
en el montón, uno de ellos el de la que en
vida se conoció por Estefanía Cueto
Puertas, modista de profesión.

Pero no puede cerrarse esta relación sin
mencionar a las mujeres que fueron “paseadas”,
que fueron asesinadas directamente, sin los consabidos
preámbulos de la juridicidad inversa. No
las podremos citar todas, pero sí a algunas,
aunque sea sin su nombre y apellidos, que desconocemos;
como la que figura inscrita en los libros de defunciones
del Registro Civil el día ocho de Noviembre
de 1937 de este tenor: “una mujer, de unos 45
años, ignorándose sus señas,
morena, delgada, viste abrigo negro con tres costuras
transversales en las mangas, calza medias grises…”
“Falleció en la carretera Gijón-Avilés
por disparos de arma de fuego, según resulta
de la diligencia de autopsia…” Como los cadáveres
de esas mujeres sin identificar que aparecen flotando
en la mar. O como Consuelo Hevia Prendes, de
25 años, natural y vecina de Albandi, en Carreño,
viuda de Marcelo Alvarez Rodríguez, que había
muerto luchando en el frente, con dos hijas de dos
y cuatro años, a la que los gatilleros de Falange
de Carreño mataron de dos tiros delante de
la puerta de su casa en la madrugada del día
doce de diciembre de 1937. Y como tantas otras cuyo
asesinato figura enmascarado por la socorrida apelación
a una “hemorragia interna”, “fractura
del cráneo” y cosas similares.

Y
sin olvidar a estas tres mujeres que fallecieron en
prisión: Cándida Mayor Noriega, Elena
Villar Cué y Sabina Alvarez Díez. Sabina,
con sus setenta y seis años, vivía hasta
que fue detenida en La Calzada y falleció en
la cárcel de El Coto el diecinueve de Noviembre
de 1939. Elena, natural y vecina de Celorio, en Llanes,
de sesenta y nueve años de edad, murió
en dicha cárcel el diecinueve de Julio de 1938.
Cándida, de setenta y cuatro años, vecina
de Ceceda, prisionera en la cárcel de Infiesto,
falleció el veintiuno de Octubre de 1939.

Tampoco
se puede dejar de citar a las ciento dieciséis
mujeres y cincuenta y seis niños fallecidos
dentro de los muros de la cárcel de Saturrarán,
relacionados en otro apartado de esta web, de los
cuales treinta y cinco mujeres y siete niños
figuran como naturales de Asturias.

Siniestra
suma y sigue que jamás se completará,
no por pérdida de memoria de ninguna clase,
sino por la comodidad y la conveniencia de los
que con su simple firma en un ayuntamiento o en un
ministerio, pudieron, y pueden, establecer los mecanismos
y los medios para conocer la verdad con exactitud
y certeza; para que las víctimas del holocausto
franquista salgan de su eterna reclusión en
la memoria familiar y pasen a ocupar el lugar que
merecen en la historia de la nación y puedan
recibir el homenaje público a su memoria y
el tributo a su honor que hace más de veinticinco
años que se les adeuda.

Marcelino
Laruelo Roa

Muertes
Paralelas

Al almirante Azarola la lealtad
al gobierno republicano le costó la vida.

 

Antonio
Azarola Gresillón, el contralmirante y ex ministro de
Marina fusilado en Ferrol.

 

Por Marcelino Laruelo.
Muertes Paralelas. Gijón, 2004.

 

Capítulo
III
Una vida dedicada a la Marina española

En Febrero de 2011, se celebró el acto oficial
por el que se dedicaba al contralmirante Azarola
una plaza en Ferrol, situada entre el Parador y el
edificio de Capitanía. Estuvieron presentes el alcalde
de Ferrol, concejales, representantes políticos y
culturales,
y descendientes del contralmirante. No asistió ningún
representante de la Armada ni del Ejército.

No he podido averiguar de dónde le vino la afición
por el mar. Porque Antonio Azarola y Gresillón había
nacido tierra adentro, en la villa navarra de Tafalla, a
la vera del Cidacos, que es río de poca agua. Fue
el día dieciocho de Noviembre de 1874, hijo
de José María Azarola, médico, y de
Leonor Gresillón. El matrimonio ya tenía otros
dos hijos varones: José María y Emilio, nacidos
también en Tafalla. Leonor figura como nacida en
París, mientras que José Azarola era natural
del pueblo guipuzcoano de Ormáiztegui. Este pueblo,
enclavado en la comarca del Goyerri, a unos cincuenta kilómetros
de San Sebastián, destacó como un centro de
actividad industrial muy importante durante la construcción
del ferrocarril del Norte, actividad industrial que se mantiene
en nuestros días, en especial, en la construcción
de autobuses. En Ormáiztegui había nacido
también Zumalacárregui, el famoso general
carlista.

La
familia Azarola Gresillón emigró a Uruguay,
donde ya se habían asentado otros familiares de la
rama Azarola, probablemente hermanos del padre. Algunos
descendientes del contralmirante sitúan en este viaje
transatlántico el origen de su pasión por
la mar. Sea como fuere, Antonio Azarola ingresó
a los dieciséis años como aspirante en la
Escuela Naval. Cursó los estudios correspondientes,
estuvo embarcado en la fragata “Asturias” y
al finalizar el año 1893 fue nombrado guardiamarina.

Como
guardiamarina, estuvo unos meses embarcado en el crucero
“Reina Regente” y en el “Alfonso XII”,
de donde pasó a la corbeta “Nautilus”.
Era el año 1894. De haber salido guardiamarina un
curso más tarde, quizás no estaría
yo ahora escribiendo de Azarola: el crucero “Reina
Regente”, el mejor buque de la Marina española
en aquel entonces, se hundió en aguas del Estrecho
el diez de Marzo de 1895 en medio de un fortísimo
temporal. El “Reina Regente” había sido
construido en Inglaterra en 1887, tenía un desplazamiento
de 4.725 toneladas y alcanzaba los veinte nudos de velocidad.
En el momento de producirse el naufragio era su comandante
Francisco Sanz de Andino y componían la dotación
372 marinos y cuarenta aprendices de Artillería:
no hubo supervivientes.

Azarola
había embarcado en la corbeta “Nautilus”
en septiembre de 1894 y en ella permaneció casi dos
años. La “Nautilus” era un antiguo mercante
de vela construido en Glagow en 1866 y llamado “Carrick
Castle”. En 1886 fue adquirido por España y
transformado en corbeta para dedicarla a escuela práctica
de guardiamarinas. Aparejada como clipper y bajo el mando
del capitán de fragata Fernando Villaamil, natural
de Serantes, en el asturiano concejo de Castropol, realizó
un viaje de circunnavegación, zarpando de Ferrol
el treinta de Noviembre de 1892 y regresando a dicho puerto
el once de Agosto de 1894. La “Nautilus” continuó
utilizándose como buque escuela para guardiamarinas
hasta que en 1925 fue reemplazada por el “Juan Sebastián
Elcano”. A bordo de la “Nautilus”, Azarola
cruzó el Atlántico en viaje de ida desde Santa
Cruz de Tenerife hasta Puerto Rico. Después de navegar
por aquellas aguas, descendieron hasta Montevideo, a donde
arribaron el día uno de Febrero de 1896. En Montevideo,
le aguardaban sus hermanos y tíos, el clan de los
Azarola, tan sobresaliente en la vida cultural, científica
y universitaria uruguaya. Y también saldría
a recibirle el recuerdo de los días felices de la
infancia.

De
regreso a España, en Julio de ese año, desembarcó
de la “Nautilus” y pasó a formar parte
de la dotación de la fragata “Almansa”
durante un período de seis meses. El dieciocho de
enero de 1897 ascendió a alférez de navío
y pasó al “Infanta Mª Teresa”, crucero
protegido de siete mil toneladas, a bordo del cual permaneció
durante casi siete meses, hasta que en Noviembre regresó
a la “Nautilus” y con ella zarpó de Cádiz
el día siete con rumbo a Río de Janeiro. Allí
recibieron el nuevo año, haciéndose a la mar
poco después con rumbo al Cabo de Buena Esperanza.
De regreso a España, hicieron escala en la isla de
Santa Elena y las Madeira, y el veintisiete de Mayo fondeaban
en Cádiz. No participó Azarola en la desastrosa
guerra con Estados Unidos, pues permaneció en La
Carraca, a bordo de la “Nautilus” todo el verano
del 98.

A
comienzos de 1899, inició un crucero por el Mediterráneo
con escalas en Argel, Túnez, Malta, Alejandría
y Corfú; y de regreso, en Nápoles, Civita
Vechia, Tolón, Barcelona y Cartagena, donde fondearon
el dieciséis de Julio. En Septiembre de ese año,
Azarola desembarcó de la “Nautilus” y
pasó a la Brigada Torpedista de Cádiz, donde
permaneció por espacio de tres meses.

Los
seis primeros meses del 1900 los pasó de permiso
y el uno de Julio se incorporó a su nuevo
destino como ayudante del contralmirante Ricardo Fernández
Gutiérrez de Celis. Contaba Azarola con veinticinco
años y puede que haya sido este puesto el de mayor
trascendencia en el devenir de su vida personal. Permaneció
con el contralmirante tres meses y medio, y en Octubre,
de nuevo a la “Nautilus”, en la que pasó
un período de ocho meses, durante el cual hizo otro
viaje de instrucción hasta Río de Janeiro.
En Marzo de ese año de 1901, después de una
escala en Fort de France, en la Martinica, atracaban en
los muelles de la Base Naval de Ferrol. Poco tiempo después,
desembarcó de la “Nautilus” y pasó
destinado al “Temerario”, que tenía su
base en el puerto de Pasajes y con el que navegó
por aguas del Cantábrico y de las rías gallegas.

Permaneció
Azarola en el “Temerario” hasta Febrero del
año siguiente, en que de nuevo fue nombrado ayudante
del contralmirante Ricardo Fernández, en cuyo destino
permaneció hasta Abril de 1903, fecha en que pasó
a la situación de excedente forzoso. El día
treinta y uno de Julio, en la capilla de la Capitanía
General de la Base de Ferrol se celebró la boda del
alférez de navío Antonio Azarola y Gresillón
con Carmen Fernández García, hija del contralmirante
Ricardo Fernández Gutiérrez de Celis y de
Dolores García Zúñiga, ambos naturales
de Cuba. Contaban los novios con veintiocho años
de edad. Casi dos años permaneció Azarola
en esa situación de excedencia, regresando de nuevo
al puesto de ayudante personal del citado contralmirante,
ahora su suegro, en Febrero de 1905.

Un
año después, Antonio Azarola recibió
el ascenso a teniente de navío, y en Agosto empezó
como alumno un curso de Electricidad y Torpedos a bordo
del “Lepanto”, que duró nueve meses.
Del “Lepanto” pasó a la “Cataluña”,
donde permaneció tres meses. Durante un tiempo, desempeñó
nuevos destinos de ayudante del Jefe de la Jurisdicción
Central de Marina, en Madrid, que se alternaron con períodos
de excedencia forzosa y una estadía de nueve meses
en la Estación Torpedista de Cartagena.

El
trece de Mayo de 1910, embarcó en el acorazado “Pelayo”,
donde permaneció un año aproximadamente. Al
cabo de ese período, desembarcó con una licencia
para asuntos particulares por unos meses. En Agosto, pasó
a desempeñar el puesto de ayudante personal de un
vicealmirante y en Septiembre del año siguiente,
1912, fue destinado como auxiliar a la Sección de
Campaña en el Ministerio de Marina. Semanas más
tarde, embarcó en el cañonero de primera clase
“Infanta Isabel”, estacionado en Canarias, con
el que navegó por aguas del archipiélago y
de la costa africana.

A
finales de Noviembre de 1913 fue nombrado segundo comandante
del cañonero “Lauria”, con base en Cartagena,
partiendo para Alhucemas y haciendo crucero por la costa
norte de Africa. En Marzo, pasó destinado al Estado
Mayor Central, en Madrid, donde permaneció mes y
medio, embarcando a finales de Abril en el cañonero
“Vasco Núñez de Balboa” como segundo
comandante. Durante los meses de verano y otoño,
el cañonero realizó una campaña de
operaciones oceanográficas en aguas de Baleares,
Málaga y Cádiz, bajo la dirección de
personal del Instituto Español de Oceanografía.

En
el mes de Junio de 1915, Azarola fue nombrado comandante
del torpedero “Nº 42”, al mando del cual
permaneció hasta recibir la orden de desarme del
buque en Octubre de ese mismo año. Pasó entonces
destinado a la Comisión Inspectora, en Cartagena,
a la espera de que le concediesen el mando de otro torpedero.
Sería éste el “Nº 12”, que
fue entregado oficialmente a la Marina el día 21
de Enero de 1916, tomando entonces Azarola el mando del
mismo y realizando las pruebas de mar. Sin perder el mando
del torpedero, fue nombrado profesor de Electricidad
para un curso de cinco meses de duración destinado
a guardiamarinas de segundo año, curso que se dio
a bordo del “Carlos V”. Al mando del torpedero
“Nº 12” zarpó para Cádiz
y Ferrol, realizando ejercicios por aguas de Galicia y quedando
incorporado a la Escuadra. A bordo del acorazado “España”,
Azarola dio también una serie de conferencias a los
guardiamarinas.

En
1917 formó parte de una comisión de oficiales
que, invitada por el gobierno alemán, viajó
a dicho país y permaneció allí un mes.
En Agostó ascendió a capitán de corbeta
y cesó en el mando del torpedero. Como profesor,
siguió con las clases en el “Carlos V”
y navegando con el “España”, donde se
ocupaba de dar clases prácticas a los guardiamarinas.
Permaneció en la misma situación durante 1919
y el tres de Diciembre de ese año recibió
el nombramiento de jefe de la Estación Torpedista
de Cádiz. En este nuevo destino estaría
hasta Agosto del año siguiente.

Azarola
fue nombrado tercer comandante del “Reina Regente”,
crucero protegido de segunda clase que había sido
botado en 1906 y que recibió el mismo nombre que
el desaparecido en el Estrecho en 1895. En Septiembre, partió
con dicho buque para otro crucero transatlántico
que le llevaría hasta las remotas islas Malvinas,
con escalas en Las Palmas, Cabo Verde, Río de Janeiro,
Montevideo, Buenos Aires, Punta Arenas y Puerto Stanley.
El regreso lo hicieron hacia Bahía Blanca y Río
de Janeiro, donde pasaron el cambio de año. Cruzaron
el océano sin novedad y el día uno de Febrero
fondearon en La Carraca. Desembarcó Azarola del “Reina
Regente” para hacer un cursillo de tiro naval en Marín,
de tres meses de duración, finalizado el cual, partió
con el acorazado “España” hacia Inglaterra.
A finales de Noviembre, Azarola viajó a París
para realizar los estudios de Radiotelegrafía en
la Escuela Superior de Electricidad. Finalizado el curso
el 28 de Junio del año siguiente, 1922, y con el
título de ingeniero radiotelegrafista en
el bolsillo, aprovechó ese verano para hacer un viaje
de prácticas por Europa.

De
regreso en España y ascendido a capitán de
fragata, en Septiembre se le nombró jefe del 4º
Negociado, “Electricidad”, de la 2ª Sección
del Estado Mayor Central. En el desempeño
de ese puesto pasó todo el año de 1923 y parte
del de 1924. A ese cargo tuvo que añadir el de jefe
del 2º Negociado en la sección de “Material”,
compaginando ambos con la pertenencia a la sección
de “Información”.

El
once de Mayo de 1925, Azarola fue nombrado subdirector de
la Escuela Naval Militar, por lo que cesó
en los anteriores destinos en el Estado Mayor, reteniendo
la vocalía en la Junta Técnica e Inspectora
de Radiocomunicaciones.

El
24 de Septiembre de 1926 pasó destinado al acorazado
“Jaime I” como segundo comandante, puesto en
el que permaneció hasta Julio del año siguiente,
en que se hizo cargo en el puerto de Barcelona del mando
del moderno destructor “Velasco”. El “Velasco”
había sido construido en Cartagena y botado recientemente,
pertenecía a la misma serie que el “Alsedo”
y el “Lazaga”, y desplazaba 1.164 toneladas.
Dos semanas más tarde, Azarola partió con
el “Velasco” para realizar un crucero de dos
meses por el Mediterráneo. Visitaron Mahón,
Ajaccio, Palermo, Atrax (puerto próximo a Atenas),
Hydra, Spezia, Constantinopla, Costanza, Varna, Rodas, Famagusta,
Chipre, Jaifa, Palestina, Alejandría, Malta, Túnez,
Bizerta y Argel. El día dieciocho de Septiembre fondeaban
en Cartagena. Durante este viaje, Azarola fue condecorado
por las autoridades de Grecia y Túnez.

El
día tres de Mayo de 1928 zarpó con el “Velasco”
de Cartagena hacia las rías gallegas, con escalas
en Ceuta y Cádiz. Permaneció en esas aguas
hasta mediados de Julio, fecha en que recibió la
orden de realizar un crucero por el canal de la Mancha y
el golfo de Vizcaya con escalas en los puertos británicos
de Plymouth, Portland y Portsmouth, y en los franceses de
Cherburgo, Brest y Lorient. El último día
de Agosto estaba de regreso en Ferrol. A finales de Septiembre,
volvió con el “Velasco” para Cartagena
y el 17 de Noviembre entregó el mando del destructor
y pasó a ocupar el destino de Ayudante Mayor del
Arsenal de Cartagena.

En
1929 ascendió a capitán de navío y
a mediados de Febrero recibió el nombramiento de
Jefe del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena. Azarola acababa de cumplir los cincuenta
y cuatro años de edad. Asistió en Marín
a un curso de conferencias sobre guerra naval y el resto
del año lo pasó en Cartagena desempeñando
su puesto de Jefe de E.M.

El
23 de Julio de 1930 tomó posesión en Ferrol
del mando del acorazado “Alfonso XIII”,
gemelo del “España” y del “Jaime
I”, y pasó los meses de Agosto y Septiembre
navegando por el Cantábrico y de maniobras por aguas
gallegas. El resto del año, por aguas de Cartagena
y del Estrecho.

En
1931, estuvo navegando por aguas de Cartagena y Baleares,
con escalas en Tarragona y Valencia. Presenció en
Cartagena la proclamación de la República
el 14 de Abril y la salida del rey Alfonso XIII para el
exilio a bordo del crucero “Príncipe Alfonso”.
El día diecinueve de ese mismo mes, zarpó
de Cartagena rumbo a Vigo, donde fondeó tres días
más tarde; y de Vigo para Bilbao. Tres días
estuvo el acorazado en el Abra bilbaína, regresando
a Ferrol, donde quedó atracado el resto del mes de
Mayo. Azarola cesó como comandante del acorazado
y el día treinta de Junio tomó el
mando en Cartagena de la flotilla de destructores, izando
su insignia a bordo del “Sánchez Barcáiztegui”,
navegando y realizando maniobras por aguas de Cartagena
y Baleares.

1932
le trajo el ascenso al almirantazgo, nombrándole
el gobierno contralmirante y eligiéndole el ministro
de Marina, Francisco Giral para desempeñar el cargo
de subsecretario del Ministerio, cargo del que
tomó posesión el día 18 de Abril. Azarola
permaneció en ese puesto, a pesar de los cambios
de ministros, hasta el mes de noviembre de 1933 en que cesó
y pasó a la situación de disponible forzoso.
Siendo subsecretario del Ministerio de Marina, le fue concedido
por las autoridades francesas el título de “comendador
de la Legión de Honor”.

La
mayor parte del año 1934 la pasó en esa situación
de disponible forzoso, pero el gobierno no le había
olvidado y el día tres de Noviembre se hizo público
su nombramiento como 2º Jefe de la Base Naval
de Ferrol y jefe de su Arsenal. Azarola sustituía
en ese puesto al también contralmirante Indalecio
Núñez, que pasó a desempeñar
interinamente la Jefatura de la Base. El nombramiento de
ambos apareció publicado en el Diario Oficial de
la Marina de fecha siete de Noviembre de 1934. Azarola
estuvo en ese puesto hasta que Portela Valladares, el 31
de Diciembre de 1935, le llamó para que se hiciera
cargo del Ministerio de Marina. A ese gobierno,
el jefe del Estado y presidente de la República,
Niceto Alcalá Zamora, le había señalado
una única misión: la de convocar elecciones
y garantizar la limpieza de las mismas. Azarola
nombró jefe de su secretaría particular a
su hermano Emilio, ingeniero de Caminos, que había
sido diputado radical-socialista por Navarra en las Constituyentes
de 1931. La Secretaría Técnica la encargó
al capitán de corbeta Lucio Villegas y como subsecretario
del ministerio designó al contralmirante Juan Muñoz
Delgado. Por decreto de fecha seis de Enero, Azarola nombró
Jefe interino del Arsenal de Ferrol y presidente de la Comisión
Inspectora del mismo, además de continuar como comandante
de quilla de los cruceros en construcción “Canarias”
y “Baleares”, al capitán de navío
Francisco Moreno. De ahí su exclamación: “¡Pero
usted también, don Francisco!” pronunciada
al comprobar con asombro que Francisco Moreno estaba profundamente
comprometido con la sublevación militar

El
mes que Azarola estuvo al frente del Ministerio de Marina
consiguió sacar adelante, con la aprobación
unánime de la Diputación Permanente de las
Cortes, la construcción de dos destructores tipo
“Antequera”, dos cañoneros, semejantes
a los que se estaban construyendo para Méjico, cuatro
barcazas y dos petroleras para el transporte de combustible
y munición, y tres remolcadores. Con este plan no
se trataba solamente de continuar mejorando la Marina, sino
también evitar el cierre de los astilleros de Ferrol
y Cartagena, con la consiguiente pérdida
del puesto de trabajo por unos doce mil obreros especializados
en la construcción naval. La situación era
tan apurada, que cuando se aprobó ese programa de
construcciones navales, las asociaciones obreras y el pueblo
todo de Ferrol se volcaron en elogios y agradecimientos
al ministro de Marina.

El
programa aprobado establecía que los destructores
y los cañoneros, por un importe de cincuenta y cinco
millones de pesetas, se construirían en dos años
en los astilleros de Cartagena y Ferrol por asignación
directa. Mientras que las cuatro barcazas de 200 TM sin
motor, las dos petroleras de 400 TM con motor y los tres
remolcadores, uno de 1.200 HP y dos de 750 HP de potencia,
por un importe global de más de seis millones de
pesetas, saldrían a concurso entre los astilleros
españoles.

Tras
las elecciones de Febrero que dieron el triunfo al Frente
Popular, José Giral Pereira sucedió a Antonio
Azarola al frente del Ministerio de Marina. Giral
confeccionó un nuevo equipo para que le asistiese
en el desempeño de las distintas funciones del ministerio:
de la Subsecretaría se encargó el general
de brigada de Artillería de la Armada, Francisco
Matz Sánchez; en la Secretaría Técnica
puso al capitán de fragata Fernando Navarro Capdevila
y al teniente de navío Pedro Prado Mendizábal;
al frente de la Secretaría particular, a Horacio
Gómez Ibáñez, y de ayudantes personales,
al teniente de navío Julio Castro Cardús y
al comandante de Infantería de Marina Ambrosio Ristori.

El
veintiuno de Febrero, Giral firmó el decreto por
el que se reintegraba al contralmirante Azarola a su destino
como 2º Jefe de la Base Naval Principal de Ferrol,
jefe de su Arsenal Militar y presidente de la Comisión
Inspectora. Durante algún tiempo, Azarola
desempeñó la jefatura de la Base al ausentarse
por enfermedad el vicealmirante Calvar. Y el marino que
en Madrid tanto empeño había puesto para que
los obreros de la Constructora no se quedaran sin trabajo,
siguió desde su puesto preeminente en la Base colaborando
en la mejora de la ciudad departamental, proyectando obras
que ayudasen a mitigar el paro obrero, como la nueva traída
de aguas que se planeaba construir. La clase obrera
y sus organizaciones sindicales, el alcalde socialista Santamaría,
antiguo oficial de calderería en el astillero de
la Constructora, el resto de la corporación municipal
y de las organizaciones ciudadanas sentían hacia
Azarola una mezcla de agradecimiento, admiración
y respeto que la mayoría de los mandos militares
no podían ni comprender ni admitir: por eso le fusilaron.

Capítulo
anterior.

 

Nació
en Barcelona, un 23 de Abril de 1824, en el seno de una
familia obrera, pues su padre se ganaba la vida trabajando
en la industria textil como tejedor. Se supone que
ya en los primeros años de la niñez apuntaría inteligencia
y afición al estudio, motivo por el cual sus padres le
ingresaron en el seminario a la edad de siete años.
Entonces, como hasta hace pocas décadas, la única manera
que tenían las gentes humildes de intentar que sus hijos
tuvieran estudios era intentando que los admitiesen en
los seminarios: latín y teología. Tras su paso por el
seminario, y a la edad de diecisiete años, Francisco Pí
y Margall accedió a la Universidad de Barcelona, donde
completó sus estudios de Filosofía, y a los veinticuatro
años había terminado la carrera de Derecho. Su acumulación
de saberes era ya entonces enorme, destacando sus profundos
conocimientos en temas tan dispares como la lógica y la
astronomía, la filosofía y la física y las matemáticas,
aparte del derecho y la filosofía. Además del latín y
el griego, leía directamente del francés, el inglés y
el italiano, y años más tarde, del alemán. Resaltan sus
biógrafos que el adolescente Pí y Margall se costeaba
los estudios y ayudaba a su familia dando clases particulares.

Se
afirma que ya en su primera juventud se daba a escribir
versos y obras de teatro, y en 1841, con 17 años, publicó
su primer libro. Se trataba del primer tomo, y el
único que se imprimió, de la obra “La España Pintoresca”;
este primer volumen escrito por Pí estaba dedicado a Cataluña.
Hay que suponer que también le tocaría vivir y padecer
las sublevaciones que tuvieron lugar en Barcelona a finales
de 1842 y en 1843, en las que la ciudad fue sañudamente
cañoneada desde la fortaleza de Montjuich y, posteriormente,
objeto de una dura y reiterada represión.

En
1847 se marchó a Madrid, quizás con la pretensión
de vivir de la literatura y desarrollar su pasión por
el Arte y la crítica artística. Empezó colaborando como
meritorio en el periódico artístico “El Renacimiento”.
Poco tiempo después, consiguió pasar al diario “El Correo”,
periódico político promovido por el asturiano Escosura.
En esta publicación le encargaron, ya con derecho a paga,
de la crítica teatral, lo que enseguida le proporcionó
cierta fama en los ambientes literarios madrileños. Pero
este periódico tuvo que dejar de publicarse poco después
y, según parece, el motivo fue la publicación del primer
artículo político de Pí y Margall. Son los tiempos de
la dictadura de Narváez.

Sin
trabajo y sin ingresos, consiguió un puesto en la
sucursal madrileña de una casa de banca catalana. Inició
entonces Pí un estudio a fondo de las operaciones bancarias
y bursátiles y de la economía en general, materia esta
última en la que, con el paso de los años, sería un consumado
especialista. En este empleo ya tuvo ocasión de probar
una de las virtudes que más le caracterizarían: la
honradez. Tiempo más tarde, recibió la proposición
de continuar la obra “Recuerdos y Bellezas de España”,
iniciada en 1839 por Pablo Piferrer y que estaba paralizada
desde la muerte de éste. Francisco Pí y Margall tomó el
relevo y concluyó el tomo segundo dedicado a Cataluña.
Durante los años 1849 a 1851 viajó en numerosas ocasiones
por Andalucía para estudiar los monumentos y obras de
arte de esa región. Fruto de esa ardua labor de investigación
fueron los tomos dedicados a Granada y Sevilla.

Como
consecuencia lógica de sus ideas y de su atracción por
el activismo político, Pí se afilió en 1849 al Partido
Democrático que acababa de ser fundado por los disidentes
de izquierda del partido progresista de Espartero. Confluyeron
en el nuevo partido junto con el democratismo radical,
el republicanismo conspirativo de las sociedades secretas
y el socialismo pre-internacionalista. Se unió, pues,
Pí a Nicolás María Rivero, que era diputado en Cortes,
a José Mª Orense, a Fernando Garrido y Sixto Cámara, a
Ordax Avecilla, que también era diputado…

En
1851 publicó su “Historia de la Pintura”, libro que le
iba a traer grandes complicaciones. Al hacer la crítica
de la pintura medieval, Pí y Margall incluyó en un apartado
una referencia al cristianismo con sus opiniones acerca
de la religión. Se encontró con el famoso “con la Iglesia
hemos topado…” Ocurrió, además, que como la publicación
era de lujo y coste elevado, el editor se había dirigido
a las personas acaudaladas y, entre ellas, a las altas
dignidades del clero. En fin, que, como es fácil de suponer,
llovieron sobre Pí y Margall más anatemas y excomuniones
que sobre Salman Rushdie. Se suspendió la publicación
en el primer tomo, que aún así se pudo distribuir y vender.
Los obispos y arzobispos presionaron de tal manera sobre
el gobierno que Bravo Murillo tuvo que ordenar la recogida
de la obra. Pí y el editor se libraron de los tribunales
porque la denuncia interpuesta no fue admitida por estar
fuera de plazo. Por supuesto, Pí y Margall tuvo que abandonar
la redacción de “Recuerdos y Bellezas de España” y renunciar
a la publicación de todo el material que tenía preparado.
Sus artículos en los periódicos tuvieron que aparecer
con seudónimo y todos los rayos de la reacción cayeron
otra vez sobre su cabeza cuando ese mismo año de 1851
publicó sus “Estudios sobre la Edad Media”, obra que fue
prohibida también por la iglesia católica española.

Por
esas mismas fechas inició su colaboración en la “Enciclopedia
de Legislación y Jurisprudencia” con una serie de trabajos
especializados. Recopiló y reseñó la obra de Juan P. de
Mairena y escribió el prólogo para la colección Biblioteca
de Autores Españoles de Rivadeneyra. En 1852 inició su
obra titulada: “¿Qué es la economía política? ¿Qué debe
ser?” No pudo concluirla porque el fiscal ordenó el
secuestro de la primera entrega.

En
el agitado año de 1854, Pí era ya uno de los miembros
más activos del Partido Democrático, formando en su ala
izquierda, socializante y proletaria, que encabezaban
Sixto Cámara y Fernando Garrido, frente al sector de los
Orense y Rivero. Por eso, cuando estallaron los movimientos
insurreccionales de ese año de 1854, que en cierta medida
se pueden definir como meros ajustes de cuentas entre
las facciones del régimen isabelino, Pí y Margall es
el agitador, el revolucionario que trata de orientar y
guiar al pueblo que defiende las barricadas de Madrid
hacia la toma del poder. Publicó una hoja volandera,
“El eco de la Revolución”, donde se  pide el armamento
general del pueblo y la convocatoria de Cortes Constituyentes
por sufragio universal que estableciesen la libertad de
imprenta, la de conciencia, la de enseñanza, la de reunión,
la de asociación…  Demasiado avanzado para la época,
no puede sorprendernos que, a pesar de la derrota de los
gubernamentales, Pí y Margall fuera detenido y permaneciera
algún tiempo en prisión.

Estamos
en el bienio progresista del gobierno Espartero-O’Donnel,
y el pueblo de Barcelona propone a Pí y Margall como candidato
a diputado en las Constituyentes de ese año de 1854, mas
no saldrá elegido. En la segunda vuelta, por pocos votos
de diferencia, fue derrotado por el general Prim, miembro
del partido Progresista.

En
1855 escribió una de sus obras más famosas: “La reacción
y la revolución”. Solamente pudo publicar el primer tomo.
El segundo, en el que Pí abordaba la cuestión religiosa,
consideró el fiscal que debía de ser sometido a la censura
eclesiástica antes de su publicación. Pí y Margall no
aceptó semejante injerencia clerical ni la excepcionalidad
jurídica que la amparaba,  por lo que dicho tomo no se
pudo publicar. Ese mismo año editó la revista política
y literaria La Razón, que contó con colaboradores tan
importantes como Canalejas. Se publicó esta revista hasta
el golpe de estado de O’Donnel del año siguiente, cuando
Pí y Margall tuvo que retirarse a Vergara, de donde era
natural su esposa, Petra Arsuaga.

Durante
el año de 1955 y hasta su marcha a Vergara, Pí y Margall
había comenzado a dar lecciones de política y economía
en una habitación de la calle Desengaño. La afluencia
de jóvenes de todas clases, de obreros y de intelectuales
se fue haciendo en poco tiempo tan numerosa que llenaban
pasillos y escalera. En estas lecciones y en estas conferencias,
hasta que el gobierno las prohibió, se empezó a formar
el embrión del futuro partido republicano.

Durante
su estancia de diez meses en Vergara, retraído de todo
activismo político, Pí y Margall envió numerosos artículos
para el periódico El Museo Universal. Todos ellos tuvieron
que ser publicados con seudónimo.

En 
Julio de 1857, Rivero le reclamó desde Madrid. Regresó
Pí a la capital y entró de redactor en La Discusión,
iniciando desde sus páginas grandes polémicas que no solo
acrecentarían su renombre, sino que también influirían
de forma notable en el devenir del Partido Democrático.
La Discusión pasó entonces a ser objeto de encarnizada
persecución por el aparato gubernamental. El radicalismo de
Pí y, sobre todo, su apoyo a los derechos del trabajador
y a sus incipientes asociaciones de defensa le llevó a
entrar en polémica con destacados miembros de su propio
partido, los llamados “individualistas”, que
formaban lo que se podría denominar como el ala derecha.
Finalmente, todo ello le obligó a abandonar la redacción
de La Discusión, manteniendo sus colaboraciones en otras
publicaciones como La América y la Revue des deux mondes,
al mismo tiempo que seguía divulgando sus ideas políticas
y económicas por medio de conferencias  en ateneos y casinos.

Durante
ese período, Pí aprovechó para obtener el doctorado, abrir
bufete y ejercer como abogado, siempre en Madrid. Volcado
totalmente en su labor profesional, su despacho adquirió
pronto un renombre y una clientela que le permitieron
sostenerse económicamente.

En
1864 volvió nuevamente a La Discusión; esta vez, como
director. Terció personalmente en la nueva polémica
que dividía las filas democráticas a propósito de si se
podían considerar compatibles con la democracia o no las
teorías socialistas. Frente a la postura de José Mª Orense
que se negaba a admitir como demócratas a los socialistas,
Pí promovió la conocida como “Declaración de los treinta”,
en la que los treinta dirigentes del Partido Democrático
que la firmaban declaraban que había que considerar como
demócrata a cualquier persona que defendiera las libertades
individuales, el sufragio universal y los demás principios
que constituían el programa democrático, independientemente
de las opiniones que tuviesen en materias filosóficas,
económicas o sociales. A los seis meses, Pí cesaba como
director.

Estamos
en 1866 y Pí y Margall, que ronda los cuarenta dos años
de edad, va a conocer el exilio por motivos políticos.
Los sucesivos fracasos de las insurrecciones promovidas
por Prim para obligar a Isabel II a llamar al gobierno
a los progresistas, culminaron en la sublevación del cuartel
de San Gil y el fusilamiento de decenas de sargentos de
ese cuartel. Narváez, desde el gobierno, desató la consiguiente
represión generalizada. La mayoría de los demócratas y
de los progresistas tuvieron que escapar a Francia para
sentirse a salvo. En la noche del día dos de Agosto la
policía asaltaba le vivienda de Pí y Margall. Afortunadamente,
alguien le había avisado poco antes y tuvo tiempo para
escapar y evitar su detención. Permaneció escondido unos
días hasta que pudo iniciar la huida a Francia y llegar
a París.

En
París, donde se habían refugiado la mayoría de los exiliados
españoles, Francisco Pí y Margall consiguió sobrevivir
gracias a las colaboraciones literarias en periódicos
hispanoamericanos. Amplió sus conocimientos con cursos
en La Sorbona e inició el estudio sistemático y la
traducción al castellano de las principales obras de Proudhon.
Generalmente se acepta que es en el “El principio federativo”,
obra de este economista e ideólogo francés fallecido en1865,
donde Pí encontró la base sobre la que construir y desarrollar
su teoría federal con la que completar el proyecto republicano
para España. Pero algunos especialistas afirman que las
ideas básicas del federalismo pimargalliano ya aparecían
bosquejadas en escritos y obras suyas cronológicamente
anteriores a la de Proudhon.  Y fue en París donde Pí
consiguió convencer a sus compañeros de partido y de exilio:
Castelar , Garrido, Orense…, para que aceptasen los
principios del republicanismo federal. Recordemos aquí
que Emilio Castelar había sido condenado, en rebeldía,
a garrote vil.

Septiembre
de 1868. El almirante Topete subleva a la Escuadra en
Cádiz, Prim se incorpora desde Gibraltar y llegan para
adherirse los generales confinados en Canarias. Las guarniciones
se van sumando a la sublevación y Prim, a bordo de la
fragata Zaragoza, va ganando para la revolución, una tras
otra, todas las capitales costeras del litoral mediterráneo.
Dimite el dictador González Bravo y la reina Isabel II
nombra presidente del gobierno al general José Gutiérrez
de la Concha. El ejército realista que manda el general
Pavía es derrotado en la batalla del puente de Alcolea
por las fuerzas a las órdenes del general Serrano. El
30 de Septiembre Isabel II y su corte salen de San Sebastián
y cruzan la frontera francesa.Sin embargo, Francisco
Pí y Margall no regresó a España y prolongó voluntariamente
su exilio parisino. Desconfiaba de los generales y pensaba
que el nuevo régimen tampoco iba a acometer las reformas
fundamentales que el país necesitaba. Sabía que la mayoría
de los generales y almirantes triunfantes solamente pretendían
sustituir en el trono a Isabel II por su hermana Luisa
Fernanda, y en Pí fue siempre una constante en su actividad
política la negativa a colaborar con los partidos monárquicos. 

El
Gobierno provisional estableció las libertades fundamentales
y el 18 de Diciembre, por primera vez en España, se
celebraron unas elecciones municipales por sufragio universal,
y en Enero, las de diputados a Cortes.

El
Partido Democrático se escindió en dos: Rivero, Martos
y Becerra, partidarios de la colaboración con las otras
fuerzas para la instauración de un monarquía democrática;
y, por otro lado, los Orense, Castelar, García López,
Pierrard y otros, resueltamente a favor del régimen republicano
y federal. Pí y Margall, sin haber participado en la
campaña electoral, fue uno de los 85 republicanos que
obtuvo el acta de diputado.

El
8 de Febrero de 1869 tomó el tren en París de regreso
a España. Participó activamente en los debates parlamentarios
y se convirtió en uno de los elementos más destacados
de minoría republicana.

Cuatro
meses más tarde, con 214 votos a favor y 55 en contra,
se aprobó la constitución, democrática pero monárquica:
¡y a buscar por el mundo un rey para España!

Los
dirigentes republicanos, Pí y Margall entre ellos, viajaron
por toda España pronunciando discursos contra la restauración
monárquica y en pro de la república federal. En la
primavera de 1869 se firmaron los pactos entre los comités
federales de distintas provincias y regiones. Días después,
Pí convocó a los representantes de esos pactos a la firma
del gran pacto nacional, firma que tuvo lugar en Madrid
el 30 de Junio. Prim trató en vano de atraer a los republicanos.

Ofreció
a Castelar y a Pí los ministerios de Fomento y Hacienda,
pero no consiguió que los aceptasen. El gobierno veía
en los republicanos al enemigo que se insurreccionaba
por todas partes. Cuando se abrieron las Cortes el uno
de Octubre, Pí y Margall, junto con Castelar, Orense y
Figueras tomaron la palabra y no solamente no condenaron
los levantamientos en provincias de sus correligionarios,
sino que acusaron al gobierno de Prim de deslizarse hacia
la dictadura. Finalizada su intervención, se levantaron
y abandonaron el hemiciclo. Cuatro días después, el
gobierno suspendía las garantías constitucionales. Los
parapoliciales de “La Partida de la porra” se dedicaban
a asesinar y apalear, a reventar mítines y a asaltar las
redacciones de los periódicos opositores.

Pí
y Margall asumió la dirección del partido al frente de
un directorio y en circunstancias sumamente desfavorables.
Tuvo que hacer frente a la escisión por la derecha de
los republicanos unitarios que dirigía García Ruiz, y
a la oposición de izquierdas, mayoritaria en las provincias.
En este año de 1870, el gobierno de Prim ofreció el
trono de España a las siguientes personas: Fernando
de Portugal, Amadeo de Saboya, al duque de Génova, a distintos
príncipes de Dinamarca, Noruega, Suecia y Rusia, a un
príncipe de la casa Hohenzollern y al general Espartero.
Había, además, otros candidatos de las facciones políticas
disidentes o minoritarias: Carlos VII, Alfonso de Borbón
y  los duques de Montpensier. El 16 de Noviembre votaron
los diputados:191 a favor de Amadeo de Saboya, 60
por la República federal, 27 por el duque de Montpensier,
8 por el general Espartero, 2 por la República unitaria,
2 por Alfonso de Borbón, 1 por la República y 1 por la
duquesa de Montpensier; hubo 19 papeletas en blanco. El
27 de Diciembre se produjo el atentado que le costó la
vida Prim. Amadeo de Saboya llegó a Cartagena y tuvo
que retrasar su entrada a Madrid para que no coincidiese
su proclamación como rey con el funeral de Prim. En
un teatro de Madrid se estrenaba la obra titulada: “Macarroni
I”.

Los
dos años de reinado de Amadeo se caracterizaron por el
creciente enfrentamiento político entre los dirigentes
de las distintas fuerzas que habían promovido su acceso
al trono. Corrupciones electorales y económicas, sublevaciones
en provincias, un atentado, devaneos amorosos que se tienen
que tapar con millones de pesetas extraídos ilegalmente
del presupuesto, todo desembocó, con el plante de los
artilleros que el gobierno no quiso tolerar haciendo de
detonante, en la renuncia de Amadeo al trono. Son años
difíciles para Pí y Margall. La situación política le
coloca en una posición centrista dentro de un partido
que por sus propias características no puede tener una
dirección central y efectiva. Pí no aprueba las insurrecciones
porque existe libertad política, pero suscribe sus demandas;
defiende los derechos de las secciones de la Internacional
obrera, pero las organizaciones obreras desconfían de
él y le regatean su apoyo; mantiene sus diferencias con
el sector “benevolente” de los Castelar y Orense, pero
tiene que maniobrar para evitar que se deslicen más hacia
la derecha… Y todo ello sin olvidar la cotidiana tarea
en las Cortes de oposición a los gobiernos de Amadeo I.

El
11 de Febrero de 1873, oficial ya la renuncia de Amadeo
al trono, las Cortes, sin un respeto escrupuloso del procedimiento
constitucional, proclamaron la República.Al igual
que sesenta años después, podría afirmarse que la República
no la traen los republicanos sino las circunstancias y
los manejos de los jefes de los partidos que antes habían
colocado a Amadeo en el trono. El partido republicano
federal estaba dividido y desmoralizado, falto de credibilidad.
Seguían las quintas y los consumos, persistía el caciquismo
electoral, no había mejorado la situación de los obreros
y de los jornaleros… En el primer gobierno republicano
presidido por el federal Estanislao Figueras, en el que
hay cuatro ministros radicales que lo han sido también
en la monarquía de Amadeo, Pí se encargó del ministerio
de Gobernación. Si bien es cierto que en la primera
reunión del gobierno propuso la celebración inmediata
de elecciones municipales y a diputaciones provinciales,
lo que no fue aceptado, también lo es que otra de sus
primeras actuaciones fue telegrafiar a todos los gobernadores
civiles pidiendo que disolviesen las juntas revolucionarias
que se hubieran formado y ordenasen la reposición de 
ayuntamientos y diputaciones.  Los republicanos federales
además de divididos, estaban solos. Tenían enfrente a
toda la derecha formada por los generales y dirigentes
que habían provocado la revolución de Septiembre de 1868,
y a los radicales, que también conspiraban con ellos;
el ejército estaba indisciplinado, las milicias sin organizar,
los carlistas en guerra, la economía en quiebra…El
22 de marzo la Asamblea quedó disuelta según lo previsto,
funcionando una comisión permanente hasta la celebración
de las elecciones de diputados para Cortes Constituyentes
previstas para el 15 de Mayo. Pero esa comisión permanente
se dedicó a conspirar contra el gobierno y el 23 de
Abril se produjo el intento de golpe de estado que encabezó
el alcalde de Madrid. Como antes el de Martos, todo se
desbarató gracias a la enérgica actuación de Francisco
Pí y Margall, entonces presidente interino del gobierno,
pues Figueras estaba profundamente afectado por la muerte
de su mujer en esos días. Firmó Pí el decreto de disolución
de esa comisión permanente y destituyó a Pavía, capitán
general de Madrid. Las elecciones se celebraron con
una limpieza nunca vista antes, gracias a la firme voluntad
de Pí desde el ministerio de Gobernación para que así
fuera.Sin embargo, no se pudo impedir la gran abstención,
mayor del cincuenta por ciento, promovida por las fuerzas
reaccionarias del país y acrecida con la guerra carlista.
Los federales obtuvieron 343 actas, 20 los radicales,
7 los conservadores y 3 los alfonsinos.

Reunidas
las cortes constituyentes, el once de Junio, tras la huida
a Francia de Estanislao Figueras y no sin fuerte tensión
y encono entre la propia representación federal, fue
elegido presidente de la República Francisco Pí y Margall
tras no pocas peripecias. En su programa de gobierno figuraban
las siguientes propuestas: restablecimiento de la
disciplina en el ejército, suspensión temporal de las
garantías constitucionales, separación de la Iglesia y
el Estado, enseñanza gratuita y obligatoria, abolición
de la esclavitud en Cuba (había sido aprobada su abolición
en Puerto Rico, proyecto de ley elaborado en las Cortes
de Amadeo), extensión de todas las libertades y derechos
a las provincias de ultramar, jurados mixtos de trabajadores
y empresarios, prohibición del trabajo de los niños menores
de doce años, reducción de la jornada laboral a nueve
horas, acceso de los jornaleros a la propiedad de la tierra…
Es decir, un programa que en muchos aspectos quedaría
pendiente y tendría que ser reformulado sesenta años después.

En
medio del creciente descontento popular, con la Hacienda
española en una situación crítica; con una guerra en el
Norte y otra en Cuba; con motines y sublevaciones por
doquier: Vicálvaro, Aranjuez, Sagunto, Alcoy, Madrid…;
dimisiones de ministros, minorías de diputados intransigentes
que en su oposición al gobierno llegaron a abandonar el
hemiciclo; con capitales de provincia y hasta regiones
enteras que se declaraban independientes…; con la mayoría
de las Cortes en contra, el 18 de Julio de 1873, Pí
y Margall presentó la dimisión del gobierno de la nación.
Un día antes se había presentado a las Cortes el proyecto
de constitución federal.

Sometida
a votación la designación de presidente del gobierno,
Francisco Pí y Margall obtuvo 93 votos, frente a los 119
de Nicolás Salmerón. El nuevo presidente, abogado
y catedrático de Filosofía de la Universidad Central,
había formado parte del primer gobierno republicano al
frente de la cartera de Gracia y Justicia. En el nuevo
gobierno, Salmerón mantuvo en los tres ministerios clave:
Guerra, Hacienda y Gobernación, a los tres ministros del
presidido por Pí.  El 19 de Julio, ante el pleno de las
Cortes, al que se habían reintegrado los diputados de
la izquierda, expuso Salmerón su programa de gobierno.

Tras su etapa como
presidente y ministro de la gobernación, no solamente
la honradez de Pí quedó fuera de toda duda, sino que se
comprobó que apenas había gastado nada de los fondos secretos
del ministerio. Siempre se negó a cobrar la cesantía que
como ministro y presidente le correspondía.

Salmerón,
a su vez, presentó la dimisión el 5 de Septiembre por
no querer autorizar la ejecución de ocho soldados condenados
a pena de muerte. Le sucedió en la presidencia del
ejecutivo Emilio Castelar, hasta entonces presidente de
las Cortes. Castelar venció al otro candidato a la presidencia
del gobierno, Pí y Margall, por 133 votos contra 67. Nicolás
Salmerón fue, a su vez, elegido presidente de las Cortes.

En
la madrugada del día 3 de Enero de 1874 estaban las Cortes
reunidas votando un nuevo presidente que sustituyera a
Emilio Castelar. Dio entonces el golpe de estado del
general Pavía, que en un primer momento ofreció la presidencia
del gobierno al dimitido Castelar, que la rechazó sin
contemplaciones. El general Pavía era partidario de
los llamados republicanos unitarios y en Diciembre le
había propuesto a Castelar que mantuviera suspendidas
por tiempo indefinido las actividades de las Cortes. Formó
gobierno el general Serrano. el Termidor al bonapartismo.

Tras
el golpe de Pavía, Pi y Margall tuvo que abandonar forzosamente
la política activa. Dedicó su tiempo a preparar un libro
en el que quedasen recogidas tanto su actuación política
en el tiempo que duró el régimen republicano como sus
ideas. Este libro recibiría el título de “La República
de 1873” y sería prohibido por las autoridades.En
Mayo de ese año de 1874, Pí y Margall fue víctima de un
atentado en su propia casa, del que afortunadamente salió
indemne. El autor fue un clérigo, el párroco del pueblo
manchego de Poblete, que le disparó dos tiros de pistola
y se suicidó acto seguido. Poco se sabe de la represión
que siguió al golpe de Pavía y de la que tuvo lugar en
los primeros años de la restauración. El propio Pí y Margall
fue detenido y conducido a una prisión andaluza, donde
permaneció no mucho tiempo.

En
esos años que siguieron a la entronización de Alfonso
XII, Pí y Margall retornó a la profesión de abogado y
sustituyó el imposible activismo político por el trabajo
intelectual.Publicó la obra titulada “Joyas literarias”
y, en 1876, ”Las Nacionalidades”, sin duda, su obra más
famosa, en la que desarrolló todas sus ideas sobre el
federalismo y el estado federal. En 1878 sacó a la luz
los primeros capítulos de su “Historia general de América”.
Otras obras suyas son: “La Federación”; “Las luchas de
nuestros días”; “Primeros diálogos”; “Amadeo de Saboya”;
“Estudios sobre la Edad Media” y “Observaciones sobre
el carácter de D. Juan Tenorio”.

Hasta
1980 no empezaron a reorganizarse las fuerzas republicanas.
Fue entonces cuando Pí fundó el partido republicano que
llamará “federal pactista”,diferenciándolo del “republicano
progresista” y del “federal orgánico”. El programa político
del partido republicano federal elaborado por Pí fue aprobado,
junto con el proyecto de constitución federal, en el congreso
celebrado en Zaragoza en 1883.

Elegido diputado
a Cortes en 1886 por acumulación de votos en diferentes
distritos electorales, Pí y Margall acudió pocas veces
al Congreso y rara vez hizo uso de la palabra. En 1891
fue elegido diputado por Barcelona y por Valencia, tomando
el acta de Barcelona, siendo el jefe de la minoría republicana
en el Congreso. Redactó el programa del partido federal
que se aprobó en 1894. Lo acertado de su crítica a los gobiernos y
al régimen y el cumplimiento de sus previsiones quedó
patente en el conflicto con Cuba y la guerra con Estados
Unidos. Pí y Margall fue el único en defender primero
la autonomía y, más tarde, la independencia de Cuba, y
se opuso resueltamente a la guerra con Estados Unidos. Su acertada labor
quedó reconocida en las elecciones de 1899, donde salió
diputado por dos distritos y fue el candidato que sacó
mayor número de votos, volviendo a obtener el acta de
diputado en las siguientes elecciones.

A pesar de su avanzada
edad, hizo numerosos viajes de propaganda política y,
en 1890, fundó y dirigió el periódico “El Nuevo Régimen”,
órgano oficial del partido federal, escribiendo artículos
y ayudando a confeccionar cada uno de sus números. Con
lucidez, tenacidad y coherencia se mantuvo en el activismo
político hasta el último instante de su vida. Defendió
su ideario republicano y federal contra viento y marea.
Destacó como historiador, periodista, crítico de arte,
filósofo y economista. Dio ejemplo de honradez y su vida
privada estuvo marcada por la sencillez y discreción.

Murió en su casa
de Madrid, a las seis de la tarde del 29 de Noviembre
de 1901. Tenía setenta y siete años.

Francisco Pí y Margall
fue el político español más importante del siglo XIX.

 

En
primer plano, las naves de la fábrica de conservas
Portanet en las que se instaló el campo de
concentración de Candás.

Este
campo de concentración se situó en las
instalaciones de la antigua fábrica de Conservas
de Portanet. Creado a primeros de Noviembre de 1937,
se mantuvo operativo hasta el final de la guerra,
cuando recibió contingentes de prisioneros
de la región catalana y levantina. Así,
por ejemplo, el día siete de Febrero de 1939
salían del campo de concentración y
centro de distribución de San Juan de Mozarrífar
con destino al de Candás 849 presos procedentes
de Cervera. Seis días más tarde, del
mismo campo y también con destino al de Candás
salían quinientos presos procedentes de Lérida.

Prisioneros
fallecidos en el campo de concentración de
Candás.

Nicolás
Abad Santiago, natural de Cordovilla Nestal, Palencia,
de 44 años, casado. Falleció en la enfermería
del campo de concentración a las 7h de hoy
(22-12-37) a consecuencia de enteritis tuberculosa.
Certificado de Francisco Llorente, médico del
campo de concentración de Candás. Enterrado
en Candás.

Jesús
Novo García, natural de San Esteban, Oviedo,
vecino de Candás, Carreño, de profesión
desconocida, casado, 20 años?. Falleció
en el campo de concentración a las 20h del
2-1-38 a consecuencia de asistolía.

José
Alfonso Alonso, natural de Luarca, vecino de Candás,
Carreño, de profesión desconocida, casado,
de 48 años. Falleció en la enfermería
del campo de concentración a las 16h del día
de hoy (4-1-38) a consecuencia de asistolía

José
Costa de Jesús, natural de Portugal, vecino
de Candás, Carreño, jornalero, casado,
de 58 años. Falleció en la enfermería
del campo de concentración a las 11h del día
de hoy (9-1-38) a consecuencia de angina de pecho.

Juan
Costales Alonso, natural de Muros del Nalón,
hijo de Joaquín y Rosaura, vecino de Candás,
Carreño, labrador, de 59 años, casado.
Falleció en la enfermería del campo
de concentración a las 0,45h del 22-1-48 a
consecuencia de coma urémico.

Andrés
Rodríguez Magdaleno, natural de León,
hijo de Andrés e (Ilegible), ferroviario, de
64 años, casado. Falleció en el campo
de concentración a las 0,15h del día
de ayer (8-2-38) a consecuencia de edema agudo de
pulmón.

José
Gutiérrez Martínez, natural de Santa
Eulalia, Oviedo, vecino de Candás, Carreño,
labrador, 25 años. Falleció a las 13h
de ayer (15-2-38) a consecuencia de insuficiencia
aórtica reumática. Certificación
del jefe médico del campo de concentración.
Enterrado en Candás.

Juan
Solá Parés, natural de Santa Coloma
de Farnés, Gerona, hijo de Hilario y Carmen,
29 años, vecino de Candás, Carreño.
Falleció a las 6h de hoy (15-2-39) a consecuencia
de tuberculosis pulmonar. Certificación médica
y orden del capitán jefe del campo de concentración.

Gregorio
Gracia García, natural de Los Tayos, Zaragoza,
hijo de Esteban y Manuela, 36 años, casado,
vecino de Candás. Falleció el 1-3-39
de bronconeumonía. Oficio del capitán
del campo de concentración.

Angel
Cano Candel, natural de Murcia, hijo de Sebastián
y Engracia, soltero, vecino de Candás. Falleció
a las 7h del día de ayer (5-3-39) a consecuencia
de miocarditis. Oficio del capitán jefe del
campo de concentración.

Pedro
Baquer Culí, natural de San Pedro de Torelló,
Barcelona, hijo de Manuel y Concepción, 23
años, soltero, vecino de Candás. Falleció
a las 10h de hoy (8-3-39) a consecuencia de neumonía.
Oficio del capitán jefe del campo de concentración.

Miguel
Po Vidal, natural de Piera, Barcelona, hijo de Jaime
y Teresa, 50 años, casado, vecino de Candás.
Falleció en el día de ayer (24-3-39)
a consecuencia de miocarditis.Oficio del capitán
jefe del campo de concentración.

José Villaseca Baró, natural de Solsona,
hijo de Juan y María, casado. Falleció
a las 5h del día de hoy (22-4-39) a consecuencia
de tuberculosis pulmonar. Certificación del
médico del campo de concentración.

 

Aprovechando
las instalaciones de un antiguo convento y de un lazareto
se instaló en las primeras semanas de la guerra
una especie de cárcel provisional para presos
gubernativos que aún no habían sido
encausados por la jurisdicción militar. En
esta época muchos de los detenidos de San Simón
fueron sacados por elementos de Falange, Guardia Civil
y los llamados “cívicos”, y ejecutados
en las cunetas de las carreteras y ante los muros
de los cementerios. Según testimonios, el director
de San Simón y de las prisiones de Pontevedra,
Lago Búa, el médico forense Bustelo,
fueron responsables, junto con el teniente Rodríguez
de la Guardia Civil, de muchos “paseos”;
también se dedicaron a detener a personas de
derechas a las que luego ponían en libertad
a cambio de importantes cantidades de dinero. Denunciados
por una de esas personas de derechas, fueron condenados
a muerte en consejo de guerra celebrado a puerta cerrada,
y ejecutados por un piquete al mando, “casualmente”,
de su compinche el teniente Rodríguez.

Al
derrumbarse el Frente Norte muchos prisioneros fueron
conducidos a esta cárcel provisional en funciones
de campo de concentración. Desde el puerto
de Bilbao partió el barco prisión “Upo
Mendi”, lleno de prisioneros, con la finalidad
de integrarlo en el sistema concentracionario de San
Simón. La falta de calado impidió que
el “Upo Mendi” se acercara lo suficiente
a la isla de San Simón, permaneciendo fondeado
en aguas más profundas de la ría de
Vigo. A San Simón fueron también conducidos
desde el campo de concentración de Camposancos
varios presos condenados a pena de muerte para ser
ejecutados.

Al
finalizar la guerra se trató de convertir el
Campo de Concentración de San Simón
en un centro de reclusión para presos mayores
de sesenta años de edad, trasladando a centenares
de ellos desde todas partes de España.

Relación
de prisioneros que fueron condenados a pena de muerte
en consejos de guerra celebrados en el campo de concentración
de Camposancos y, posteriormente, trasladados a la
isla de San Simón, donde fueron fusilados.

Fermín
García Alvarez. Condena: Pena de muerte. Fusilado:
5-8-38.
Natural de Carbonera, vecino de Santa Cruz del Sil,
León, 42 años, casado (1 hijo), encargado
de minas. Activista del PSOE; luego, del PCE; tomó
parte en la Revolución del 34 y fue condenado
a pena de muerte, que le fue conmutada, siendo amnistiado
por el Frente Popular; al iniciarse el GMN, capitaneó
un grupo que ofreció resistencia en su pueblo;
capturado a bordo del “Gaviota”.
Gregorio Mateos Maroto, “el Cepo”. Condena:
Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural de Nogués, Toledo, vecino de Nava,
39 años, casado (2 hijos), industrial. Dirigente
del PSOE; participó en la Revolución
del 34; de los comités de Guerra y Abastos;
presidente de la cooperativa; fue nombrado juez municipal;
capturado cuando huía a bordo del “Gaviota”.
José González Iglesias. Condena: Pena
de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural de San Andrés de Linares, vecino de
La Felguera, 36 años, casado (3 hijos), electricista.
De la CNT; había participado en la Revolución
del 34; al iniciarse el GMN, del Comité de
Guerra; tomó parte en los ataques a los cuarteles
de Gijón; capturado cuando huía a bordo
del “San Juan de Nieva”.
José Alvarez García. Condena: Pena de
muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural y vecino de Gijón, 36 años,
soltero, ajustador. De las JSU y de la UGT; de la
Guardia Roja; participó en la Revolución
del 34; al iniciarse el GMN, reclutó gente
para atacar los cuarteles de Gijón; capturado
en el “Mont Seny”.
Isaías González Miguel. Condena: Pena
de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural de Ezcaray, La Rioja, vecino de Olloniego,
Oviedo, 29 años, soltero, minero. Del PSOE
y de la UGT; había participado en la Revolución
del 34 en el ataque al cuartel de la Guardia Civil
de Olloniego; al iniciarse el GMN, formó parte
de la expedición de obreros que salió
por tren hacia Madrid; nombrado jefe de policía
en Olloniego; policía secreta en Avilés;
capturado en el “San Juan de Nieva”.
Bernardino Fernández Velázquez. Condena:
Pena de muerte. Fusilado: 5-8-38.
Natural y vecino de Salas, 31 años, soltero,
cerrajero. Dirigente del PSOE; había participado
en la Revolución del 34; del Comité
de Guerra; del Comité de Transportes; instructor
de milicias; nombrado policía en Soto del Barco;
capturado a bordo del “San Juan de Nieva”.
Francisco Casal Sánchez. Condena: Pena de muerte.
Fusilado: 5-8-38.
Natural y vecino de La Felguera, 28 años, casado,
metalúrgico. De las Juventudes Libertarias
y de la CNT; había participado en la Revolución
del 34; tomó parte en los ataques a los cuarteles
de Gijón; del Comité de Guerra; nombrado
agente de Investigación y Vigilancia.

 

 

Los
primeros batallones de Trabajadores que empezaron a funcionar
en la zona nacionalista fueron destinados al frente de Madrid,
afectos al Cuerpo de Ejército del Centro. Su residencia
estaba fijada en Pinto, Yeles y Villaluenga, y eran empleados,
sobre todo, en tareas de utilidad militar. Posteriormente,
se crearían batallones, brigadas y equipos de trabajadores
especializados: conductores, mecánicos, carniceros, panaderos…;
al servicio directo del ejército nacionalista.

El
trabajo de los prisioneros se utilizó también en
obras de carácter civil, tales como la explotación
de minas, la repoblación forestal, la construcción
de carreteras y otras obras públicas. A los primeros batallones
de Trabajadores destinados a obras de carácter no militar
se les encomendó la tarea de poner otra vez en explotación
las minas de hierro de Vizcaya, que eran una de las principales
fuentes de divisas de que disponía la zona nacionalista,
y a desecar las marismas de Santoña.

La
Inspección de Campos de Concentración contaba con
el asesoramiento de una comisión técnica, constituida
por arquitectos e ingenieros de todas las especialidades, que
se encargaba de informar todos los proyectos de empleo de batallones
de Trabajadores que se recibían de los centros oficiales,
decidiendo cuáles se llevarían a cabo y en qué
orden.

A
los tres meses de la toma de Bilbao por las fuerzas nacionalistas,
se dictaron las normas a que habían de ajustarse los trabajos
de los prisioneros en las minas de Vizcaya. Formaban el denominado
Batallón Minero un total de 612 prisioneros repartidos
en tres Campos: La Arboleda, Galdames y Gallarta. Además
de las divisas que generaba la exportación del mineral
de hierro extraído de esas minas, el estado nacionalista
se beneficiaba directamente de unas cincuenta mil pesetas, provenientes
de la diferencia entre lo que le pagaban las empresas por cada
minero y lo que la Inspección de Campos abonaba a los prisioneros.

Las
primeras obras públicas que se proyectaron para ser realizadas
por batallones de Trabajadores fueron la carretera de Ciudad
Rodrigo a Fuentes de Oñoro, para completar la de Francia
a Portugal; la repoblación forestal de la Sierra de la
Demanda; la doble vía de ferrocarril en el tramo Miranda-Alsasua,
para completar la doble vía en la línea Madrid-Irún,
y la modificación del trazado del ferrocarril de Irati
en las inmediaciones de Pamplona. Ingenieros de la Inspección
de Campos de Concentración realizaron un viaje a las Hurdes
para estudiar la apertura de caminos, la repoblación forestal
y la posible instalación de campos de concentración.

Los
presos gubernativos calificados como “levemente comprometidos”,
de acuerdo con las instrucciones dadas por “S.E. el Generalísimo”
pasaban a engrosar las filas de los batallones de Trabajadores
junto con los prisioneros de guerra. Posteriormente, al entrar
en vigor el sistema de “redención de penas por el
trabajo”, gran número de presos de las cárceles
se incorporaron también a los batallones de Trabajadores.

Comunicado
del Subsecretario del Ministerio de Justicia al general Subsecretario
del Ministerio del Ejército, de fecha 19-11-1960.

«(…)
El destacamento penal de Coll de Narbó estaba constituido
en el año de 1943 por penados que dependían de la
Dirección General de Prisiones, la que los ponía
a disposición del Servicio Militar de Puentes y Caminos
de Cataluña a efectos de ejecución de las obras
que allí se realizaban, organismo que más tarde
se conocía con la denominación de Servicio Militar
de Construcciones.» 

Cada
batallón de Trabajadores estaba compuesto por: un comandante,
un capitán, cuatro tenientes, uno de los cuales tenía
que ser médico; cinco alféreces, un brigada, veinte
sargentos, cincuenta y dos cabos, un corneta, sesenta y ocho soldados
y seiscientos prisioneros trabajadores. Los batallones de Trabajadores
solían dividirse en compañías y destacamentos
que se enviaban a destinos próximos entre sí.
Los soldados, cabos, sargentos…, formaban la escolta que se
encargaba de la vigilancia de los prisioneros. Además,
a mediados de 1938 se creó un servicio especial y secreto
de investigación en los batallones de Trabajadores que
funcionaba bajo el esquema de veinte prisioneros confidentes por
batallón. En sus informes, la Inspección de
Campos de Concentración consideraba que la disciplina era
excelente.

En
principio, los prisioneros que componían los batallones
de Trabajadores eran de nacionalidad española y en edad
comprendida en la de las quintas movilizadas. En cuanto a los
prisioneros extranjeros, “que en menor número han
sido capturados por las armas nacionales, o no trabajan o lo hacen
en obras de retaguardia, exentas de fines militares, siguiendo
en todo las normas estrictas del Convenio de Ginebra para prisioneros.”

Decreto
nº 281 que concede el derecho al trabajo a los prisioneros
de guerra y presos no comunes. BOE 1-7-37.

El
victorioso y continuo avance de las fuerzas nacionales en la reconquista
del territorio patrio, ha producido un aumento en el número
de prisioneros y condenados, que la regulación de su destino
y tratamiento se constituye en apremiante conveniencia.

(…)
Abstracción hecha de los prisioneros y presos sobre los
que recaen acusaciones graves, cuyo régimen de custodia
resulta incompatible con las concesiones que se proponen en el
presente Decreto, existen otros, en número considerable,
que sin una imputación específica capaz de modificar
su situación de simples presos les hacen aptos para ser
encauzados en un sistema de trabajos que representa una positiva
ventaja.

El
derecho al trabajo, que tienen todos los españoles, como
principio básico declarado en el punto quince del programa
de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha
de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos
rojos. (…) La declaración del derecho al trabajo
supone, o sea, que puedan sustentarse por su propio esfuerzo,
que presten el auxilio debido a su familia y que no se constituyan
en peso muerto sobre el erario público.

(…)
Artículo primero.- Se concede el derecho al trabajo
a los prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes
en las circunstancias y bajo las condiciones que a continuación
se establecen.

Artículo
segundo.- Aquellos prisioneros y presos podrán trabajar
como peones, sin perjuicio de que por conveniencias del servicio
puedan ser utilizados en otra clase de empleos o labores en atención
a su edad, eficacia profesional o buen comportamiento, todo ello
a juicio de sus respectivos jefes.

Trabajadores en el Pozo Fondón de Duro Felguera.

Artículo
tercero.- Cobrarán en concepto de jornales, mientras
trabajen como peones, la cantidad de dos pesetas al día,
de las que se reservará una peseta con cincuenta céntimos
para manutención del interesado, entregándosele
los cincuenta céntimos restantes al terminar la semana.
Este jornal será de cuatro pesetas diarias si el interesado
tuviere mujer que viva en la zona nacional sin bienes propios
o medios de vida y aumentado en una peseta más por cada
hijo menor de quince años que viviere en la propia zona,
sin que en ningún caso pueda exceder dicho salario del
jornal medio de un bracero en la localidad. El exceso sobre las
dos pesetas diarias que se señala como retribución
ordinaria será entregado directamente a la familia del
interesado.

Cuando
el prisionero preso trabaje en ocupación distinta de la
de peón, será aumentado el jornal en la cantidad
que se señale.

Artículo
cuarto.- Los presos y prisioneros de guerra tendrán
la consideración de personal militarizado, debiendo vestir
el uniforme que se designará y quedando sujetos, en su
consecuencia, al Código de Justicia Militar y Convenio
de Ginebra (…).

El
uniforme aprobado por el mando nacionalista para los prisioneros
de los batallones de Trabajadores consistía en un gorro
cilíndrico blanco, camisa blanca de tela fuerte con la
letra “P” y el número del prisionero grabados
en el pecho en tinta indeleble, pantalón caqui, alpargatas
y dos mudas de ropa interior.

En
1938 se creó un patronato para la redención de penas
por el trabajo. De este patronato dependía la coordinación
de los trabajos a realizar por los prisioneros y la propuesta
al gobierno de la condonación de días de cárcel
en relación con los días trabajados. En todos los
pueblos donde había familiares de presos se creaba una
Junta local que integraban el alcalde, el párroco y un
vocal designado por el Servicio de Prisiones.

Este
sistema de redención de penas por el trabajo no se puso
en práctica hasta 1939 y alcanzó a una reducida
minoría de presos por la incapacidad técnica, organizativa
y logística del régimen para llevarla a cabo.

En
1943 funcionaban en Asturias los destacamentos penales de Ciaño,
perteneciente a la empresa “Carbones Asturianos”,
con 180 presos; Pozo Fondón, en Sama de Langreo, de la
Duro Felguera y con 215 presos; Pozo San Mamés, en Sotrondio,
de la misma empresa y con 175 presos. En Oviedo, trabajando para
la Dirección General de Regiones Desvastadas, había
800 presos.

Orden
del Ministro de Justicia franquista, Tomás Domínguez
Arévalo,

al
Jefe del Servicio Nacional de Prisiones dictando normas regulando
la concesión del trabajo a los reclusos. BOE 1-1-39.

Ilmo.
Sr.: El trabajo de los obreros reclusos ha de ajustarse estrictamente
a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 7 de octubre (…) este
Ministerio, a propuesta del “Patronato Central para la redención
de las penas por el trabajo”, se ha servido disponer:

Primero.-
Cuando se reclame del “Patronato Central para la redención
de penas por el trabajo” mano de obra de trabajadores reclusos
para obras del Estado, de las Diputaciones, de los Ayuntamientos
o de particulares, tendrán en todo caso preferencia absoluta
para ser colocados en dichas obras los reclusos que se hallen
condenados a penas más leves.

Segundo.-
La regla que antecede sólo tendrá como excepción
el caso en que en las obras se necesiten obreros especializados
y se acredite de una manera fehaciente que en el Establecimiento
no existen entre los condenados a penas inferiores obreros de
la especialidad de que se trate.

Tercero.-
Los reclusos procesados no podrán ser utilizados como trabajadores
con sujeción a las normas anteriores hasta que conste documentalmente
en la Prisión por la petición fiscal la clase de
pena que para ellos se solicite, y los detenidos no procesados
sólo podrán trabajar cuando la autoridad que haya
ordenado su detención haga constar su autorización
para el trabajo, expresamente también por escrito.

Cuarto.-
Los llamados “destinos” en las Prisiones recaerán
precisamente también en los reclusos condenados a penas
más leves, quedando en todo caso prohibido, a partir de
la publicación de esta orden, la utilización para
el servicio interior de los Establecimientos de reclusos condenados
a penas superiores a doce años y un día de reclusión
temporal.

Cualquier
excepción que por algún motivo justificadísimo
pueda establecerse a lo preceptuado en este número, ha
de disponerse por orden escrita de la Jefatura del Servicio Nacional
de Prisiones.

Quinto.-
Los directores de los Establecimientos Penales cuidarán,
bajo su más estricta responsabilidad, del cumplimiento
de esta disposición, bien entendido que cualquier denuncia
que se produzca y compruebe de preferencias injustas y deliberadas
en las colocaciones de obreros reclusos, o en el otorgamiento
de destinos, será considerada como falta muy grave, con
sujeción al vigente Reglamento de Prisiones de 14 de noviembre
de 1930. (…)

 

 
El entramado jurídico militar,
con toda su parafernalia de auditorías, sumarios,
tribunales militares, fiscales, consejos de guerra…,
se limitó a cumplir con la misión que
el plan militar elaborado por los generales sublevados
les había asignado. No fueron mejores ni peores
que el resto. Eran otro “Cuerpo de ejército”
más que actuaba en la retaguardia, un brazo más
del terror. Y no por ignorancia jurídica, sino
con conocimiento pleno, pues la mayoría eran
abogados o militares togados o ex jueces o ex fiscales
o licenciados en derecho. Conocimientos
no les faltaban, simplemente, carecían de la
voluntad de “ser”, de la naturaleza del
hombre “justo”. Leguleyos, siempre los hubo
en abundancia en este país; hombres justos, mujeres
justas…¡qué escasez!

La
España nacionalista se constituyó también
como un “estado de derecho”. Sí,
porque eso del “estado de derecho” es otro
lugar común de nuestros días. Todos los
estados modernos son “estados de derecho”,
pues todos precisan de normas, de leyes, de disposiciones,
para funcionar. El régimen político de
un país podrá ser dictatorial, democrático,
monárquico…; lo que sea, pero en todos ellos
habrá un cuerpo legal que rija la vida del país.
Hablar, pues, de “estado de derecho” para
definir un sistema político es no decir nada,
es utilizar un eufemismo para evitar denominar por su
nombre a lo que hay.

En
fin, que como todo el mundo sabe, en Asturias la sublevación
militar contra la II República la inició
un coronel amparado en unos miles de hombres armados
sujetos a su obediencia. Ese coronel escribió
en un papel una serie de disposiciones por las que todo
el poder en la región pasaba a sus manos y dictó
una serie de normas: ese es el bando del coronel Aranda
declarando el estado de guerra en Asturias. Días
después, unos generales reunidos en Burgos extendieron
la declaración del estado de guerra a toda España:
“Ordeno y mando”; y para el que no obedezca
o para el desafecto, Código de Justicia Militar
y pena de muerte. Ese es el resumen.

Boletín
Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España.

Burgos,
4-9-1936. Decreto número 79.

Se
hace necesario en los actuales momentos, para mayor
eficiencia del movimiento militar y ciudadano, que la
norma en las actuaciones judiciales castrenses sea la
rapidez, haciéndola compatible con las garantías
procesales de los encartados; que se evite en lo posible
el distraer del servicio de armas a los Jefes, Oficiales
y clases para ocuparlos en la tramitación de
dichos procedimientos y que, finalmente, se atienda
a las conveniencias del servicio militar obviando la
dificultad de comunicaciones.

Por
ello, como Presidente de la Junta de Defensa Nacional,
y de acuerdo con ésta, vengo en decretar:

Artículo
primero. Todas las causas que conozcan las jurisdicciones
de Guerra y Marina se instruirán por los trámites
del juicio sumarísimo que se establecen en
el título diecinueve, tratado tercero, del Código
de Justicia Militar, y título diecisiete de la
Ley de Enjuiciamiento Militar de la Marina de Guerra,
con las modificaciones siguientes:

A)
No será preciso para ello que el reo sea sorprendido
“in fraganti” ni que la pena a imponer sea
la de muerte o perpetua. (…)

Boletín
Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España.

Burgos,
16-9-1936. Decreto número 108.

(…)
Artículo primero. Se declaran fuera de la
ley todos los partidos y agrupaciones políticas
o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones
celebradas en fecha 16 de Febrero del corriente año
han integrado el llamado Frente Popular, así
como cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición
hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional.

Artículo
segundo. Se decreta la incautación de cuantos
bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren
a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos
ellos a la propiedad del Estado.

Artículo
tercero. Los funcionarios públicos y los de empresas
subvencionadas por el Estado, la provincia o el municipio,
o concesionarias de servicios públicos, podrán
ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos
que desempeñen cuando aconsejen tales medidas
sus actuaciones antipatrióticas o contrarias
al movimiento nacional.

Artículo
cuarto. Las correcciones y suspensiones a que se refiere
el artículo anterior, serán acordadas
por los jefes del centro en que preste sus servicios
el funcionario y, en su defecto, por el superior jerárquico
del corregido, y aquéllos, en su caso, previa
la formación del oportuno expediente, propondrán
la destitución a la autoridad, empresa o corporación
a quien correspondiera hacer el nombramiento. (…)

Así
que a partir de Octubre de 1937 empiezan a funcionar
en Gijón los tribunales militares y los consejos
de guerra instaurados por los del “ordeno y mando”.
No tengo tiempo, ni ganas, para entrar en más
decretos, normas y demás literatura leguleyística.
La realidad “legal”, “el horizonte
penal”, que dicen ahora los cursis, lo que les
esperaba a los vencidos, a los prisioneros era más
o menos así:

En
los campos de concentración y en las prisiones
provisionales se ponían en marcha las “Comisiones
Clasificadoras de Prisioneros y Presentados” (CCPP).
Además, antes y durante el proceso de clasificación,
grupos de falangistas de cada pueblo o ciudad revistaban
a los prisioneros y se llevaban a aquellos que identificaban
y consideraban que merecían ser “paseados”.
El resto de los prisioneros iban pasando a prestar declaración
ante la CCPP correspondiente, y si de las pesquisas
realizadas no se descubría ningún cargo,
o sea, si el prisionero no tenía ninguna denuncia
y no había prestado servicio de armas o lo había
hecho como simple soldado con su quinta, entonces, era
enviado, ya clasificado, a un campo de prisioneros a
la espera de ser destinado a un batallón de Trabajadores.
Si no se le descubría ningún cargo, los
informes de la Guardia Civil y Falange eran favorables
y el prisionero o, más bien, su familia conseguía
dos avales de dos personajes representativos del nuevo
régimen, tal que el cura del pueblo, el ricachón,
el alcalde o el jefe de Falange, pues con esos dos
avales era puesto en libertad. Ahora bien, si por
la edad estaba comprendido entre las quintas movilizadas,
se le enviaba al frente con el ejército nacionalista.
Si sobre el prisionero surgía la más leve
sospecha, la más mínima denuncia, entonces
se iniciaban los trámites para que fuera sometido
a un consejo de guerra.

En
la zona de Asturias ocupada por los sublevados, los
tribunales militares desarrollaron su labor represiva
en Oviedo y Luarca, principalmente, pero también
fueron numerosos los consejos de guerra celebrados en
Castropol, en Cangas de Narcea, en Tineo, en Pravia
y, tras la caída de Santander, en Llanes.
A partir de Noviembre del 37, el Tribunal Militar
nº 3 actúa en Oviedo y el Tribunal Militar
nº 1 inicia sus actuaciones en Gijón.
Algún consejo de guerra, quizás por motivos
ejemplarizantes, se celebró en Avilés,
Sama, Mieres…

Estos
tribunales militares estaban formados por un presidente
y cuatro vocales. Los consejos de guerra se celebraban
por el procedimiento sumarísimo de urgencia.
Junto con el tribunal, estaban presentes en el consejo
de guerra un fiscal, el juez instructor y su secretario,
y el abogado defensor y los acusados. La vista era
pública y por cada consejo de guerra pasaban
una media de diez acusados. Solamente en casos excepcionales,
cuando la trascendencia política del acusado
fuera muy grande, se celebraban consejos de guerra individuales.
La duración media solía ser de una hora.
Lo más frecuente era que los acusados no pertenecieran
al mismo expediente policial, salvo en aquellos casos
en que hubieran conseguido detener y procesar a la vez
a, por ejemplo, los miembros de un comité de
guerra de una localidad o a los dirigentes sindicales
que gestionaban una fábrica.

Una
vez celebrado el consejo de guerra, el tribunal se reunía
en sesión secreta para deliberar y dictar sentencia.
Las sentencias eran adoptadas por unanimidad y rarísima
era la vez en que algún miembro del tribunal
quisiera dejar constancia de su discrepancia. Las sentencias
dictadas eran sometidas al Auditor de Guerra para su
aprobación. El Auditor de Guerra de Asturias
tenía su residencia oficial en Gijón.
Una vez aprobada la sentencia por el Auditor, el juez
instructor procedía a notificarla a los condenados
y a ordenar su cumplimiento, excepto en el caso de las
penas de muerte. Las penas de muerte quedaban en
suspenso y no se ejecutaban hasta que no se recibía
el “enterado”, o la “conmutación”,
de la Asesoría Jurídica del Cuartel General
del Generalísimo. De este trámite
queda el testimonio de Serrano Suñer,
“el cuñadísimo”, entonces
ministro de Gobernación, que cuenta como Franco
recibía todos los días después
de comer, a la hora del café, al coronel jurídico
Martínez Fuset cargado de carpetas rebosantes
de condenas de muerte que ponía a la firma del
Caudillo.

En
Gijón, el Tribunal Militar Permanente de Asturias,
nº 1, actuó hasta el día 17 de Mayo
de 1938. Días después, ese Tribunal,
presidido por el comandante Luis de Vicente Sasiain,
se trasladó al campo de concentración
de Camposancos, en el municipio pontevedrés de
La Guardia, para continuar allí su labor contra
los prisioneros asturianos. Le sustituyó
en Gijón el Tribunal Militar Permanente de Asturias,
nº 3. Este Tribunal, que actuaba también
en Oviedo, se trasladaba todos los días por la
tarde a Gijón. Los consejos de guerra se celebraban
en el salón de actos del Instituto “Jovellanos”,
a una media de tres o cuatro diarios, en sesiones de
mañana y tarde. En ocasiones, también
se utilizaron las dependencias del colegio “Santo
Angel” y las de la Feria de Muestras. Para
los consejos de guerra de oficiales generales se utilizó
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gijón.

Una
vez que se normalizó la actuación procedimental
de las auditorías y tribunales militares, el
expediente de cada encartado se iniciaba con su declaración
ante la CCPP, la Guardia Civil, policía de Asalto
o Falange, o bien, por una denuncia que cualquiera presentaba
contra él en la policía o en Falange.
A continuación, el Auditor de Guerra designaba
al juez instructor y éste nombraba a un secretario.
Todas las actuaciones se hacían por diligencia
y de todas ellas daba fe el secretario. Se llamaba a
declarar a los testigos y, en la mayoría de los
casos, el encartado hacía una segunda declaración
ante el juez instructor y el secretario. Cada expediente
tenía un número. Averiguar ese número
era importantísimo para cualquier gestión
que se quisiera hacer en favor del encausado, tanto
antes como después de dictada sentencia. El juez
instructor agrupaba diez, doce o veinte expedientes
en un mismo sumario, redactaba entonces el “Auto
resumen” y lo sometía a la consideración
del Auditor de Guerra. Éste era el que decidía
el procesamiento o no de los encartados, la continuación
de las averiguaciones o la celebración del consejo
de guerra sumarísimo de urgencia. Un día
o dos antes de la celebración del consejo de
guerra, los procesados elegían un abogado defensor
de entre la media docena de defensores militares que
actuaban en Gijón.

El
día del consejo de guerra, los encartados eran
conducidos esposados y custodiados por la policía
desde la cárcel a presencia del tribunal.
En el consejo de guerra se leían los cargos,
el fiscal pedía la pena para cada uno de los
acusados, el defensor hacía una breve “defensa”
y el tribunal se retiraba a deliberar. Durante la
vista, no se solía practicar prueba alguna ni
se llamaba a declarar a ningún testigo, y
si alguno lo hacía, era siempre en pro de la
acusación. La argumentación del abogado
defensor iba dirigida, no a tratar de demostrar la falsedad
o ausencia total de pruebas de la acusación,
sino a poner de manifiesto la inconsciencia del acusado,
su subordinación y cosas por el estilo, y a apelar
a la benevolencia del tribunal; los defensores solían
concluir solicitando que se impusiera la pena inferior
a la solicitada por el fiscal, que casi siempre era
la capital. Una vez celebrado el consejo de guerra,
los procesados eran devueltos a la cárcel. Como
los consejos de guerra se celebraban en audiencia pública,
los familiares de los encartados aprovechaban para verlos
e intentar acercárseles y darles un beso o un
abrazo: todo dependía de la benevolencia o crueldad
de los guardias que los custodiaban. A los dos o tres
días, y una vez que el Auditor de Guerra hubiera
aprobado la sentencia, se les notificaba ésta
a los procesados.

Los
condenados a penas de años de cárcel,
pasaban a cumplirlas, abonándoseles el tiempo
que llevasen en prisión. Los condenados a pena
de muerte, quedaban a la espera de lo que sobre ellos
se resolviese en el “Cuartel General del Generalísimo”.
Sus familiares, si es que los tenían, empezaban
a hacer gestiones de todo tipo, a pedir favores a todo
el mundo, tratando de conseguir el indulto: firmas de
dirigentes derechistas, búsqueda de influencias,
viajes a Salamanca o Burgos para tratar de entrevistarse
con los gerifaltes de la sublevación, o con sus
mujeres… En la mayoría de los casos, al mes
y medio ya se había adoptado una resolución
en un sentido u otro. Si la pena de muerte venía
conmutada por la inmediata inferior de reclusión
perpetua, se le comunicaba al preso, que, a veces, ya
estaba enterado unas horas antes por los familiares.
Pero a muchos presos no se les informó de
que la pena de muerte había sido conmutada hasta
transcurrido un año o más. Era otra estratagema
del sistema de terror para tener sometidos a los presos
y a sus familias, pendientes como estaban del señuelo
del “indulto”. Al mismo tiempo, se les
destruía psicológicamente haciéndoles
vivir durante tanto tiempo la tensión de que
cada amanecer fuera el último: el del su fusilamiento.

Las
penas de muerte se ejecutaban por fusilamiento y rara
vez por agarrotamiento. Cuando el tribunal del consejo
de guerra consideraba que la pena de muerte era poco
castigo, solicitaba al Auditor que se ejecutase al reo
con “garrote vil”. En Gijón, solamente
se agarrotaron a tres o cuatro personas.

Una
vez recibido el “enterado” para la ejecución
de las penas de muerte, el Comandante Militar de la
plaza señalaba el lugar, día y hora, la
composición del piquete de ejecución y
otros pormenores. En la cárcel de El Coto,
transcurridos los primeros meses, los presos sabían
con antelación cuándo iba a haber fusilamientos,
cuándo iba a haber “saca”, que era
como se decía en el argot carcelario. La relación
de los que iban a ser fusilados solía llegar
a las oficinas de la prisión por la tarde. Según
cuentan los supervivientes, la clave para saber si esa
madrugada iba a haber “saca” o no era el
semblante de un preso que trabajaba en la oficina: si
en el transcurso del último recuento del día,
sonreía, era que no había fusilamientos;
si estaba serio, entonces, sí.

A
los que iban a ser ejecutados se les ponía en
“capilla” en un lugar separado del resto.
El tiempo y condiciones de estancia en capilla variaban
de una cárcel a otra, oscilando entre una o dos
horas, o la noche entera. Todos los relatos coinciden
en señalar la repugnante actuación que
en esos tristes momentos tenían los representantes
de la Iglesia Católica. Capellanes, sacerdotes,
frailes, se lanzaban sobre aquellas pobres gentes que
vivían sus últimas horas para que confesasen
y comulgasen. La tenacidad, la presión y la intensidad
con que llevaban a cabo su labor de “salvar almas”
ofendería hoy hasta al más fanático
de los católicos españoles. ¡Qué
falta de respeto tan grande! ¡Qué ausencia
de humildad, de conciencia, de humanidad…, de todo!
Solamente los más serenos y concienciados tenían
fuerzas todavía para enfrentarse a la clerigalla.
¡Qué placer y qué perversión
escribir después a la viuda para comunicarle,
junto con la noticia de la muerte del esposo, que “un
consuelo, y no pequeño, la debe de quedar, y
es que murió cristianamente, confesándose
y comulgando…”! ¡Qué tíos
más bestias!

Orden
del Ministro de Justicia franquista, Tomás Domínguez
Arévalo, al Jefe del Servicio Nacional de Prisiones.
BOE 6-10-38.

Ilmo.
Sr. : Disuelto desde 1931 el Cuerpo de Capellanes de
Prisiones y declarados en situación de excedencia
forzosa con percibo de dos tercios de su haber anual,
los sacerdotes que lo componían, muchos de los
cuales han desaparecido posteriormente, por distintas
causas, se hace preciso organizar sobre nuevas bases
la asistencia religiosa de los recluidos en los Establecimientos
penitenciarios, misión que, si en todo tiempo
representó un valioso factor de moralización
del delincuente, ahora, ante las circunstancias nacionales,
alcanza mayor trascendencia aún y requiere por
eso mismo el más extremado celo sacerdotal en
su desempeño. A tal fin, este Ministerio ha tenido
a bien disponer:

Primero.-
La asistencia religiosa de las Prisiones, con la intensa
labor de apostolado que la condición de los recluidos
demanda, quedará bajo el patrocinio y dirección
del Excmo. Sr. Obispo de cada Diócesis, dentro
del territorio de la misma; correspondiendo al Prelado:

a)
Proponer a esa Jefatura del Servicio Nacional los Sacerdotes
del Clero secular o regular, a quienes haya de confiarse
el servicio religioso, a título de Capellanes
provisionales en las Prisiones, individualizando la
propuesta para cada una e indicando la gratificación
que como estipendio deba percibir el designado, en cuantía
proporcional a la cifra del contingente recluso a su
cargo.

b)
Ejercer su alta vigilancia en cuanto al celo con que
desempeñen su cometido espiritual los Capellanes
de Prisiones de la Diócesis, para estimularlos
al mejor y más desvelado cumplimiento de los
deberes que les incumben.

c)
Proponer la remoción y sustitución de
los Capellanes que, por razones o conveniencias de cualquier
índole, a juicio del Prelado, lo merezcan.

(…)
Tercero.- Los Directores de los Establecimientos atenderán
cuantas indicaciones se dignen hacerles los respectivos
Prelados acerca de las necesidades del Culto en las
Prisiones (…)

Cuando
se sabía que al día siguiente iba a haber
fusilamientos, todos los presos condenados a pena de
muerte pasaban la noche en una tensión fácil
de imaginar. Así, un día y otro. La tenue
luz del amanecer se acompañaba de los siniestros
sonidos de los heraldos de la muerte: el runrún
de los motores de las furgonetas que transportaban al
piquete; los golpes de las botas y de las culatas de
los fusiles contra el suelo de la entrada de la cárcel;
cerrojos que se descorren, puertas que chirrían,
pasos en la galería, la puerta de una celda que
se abre y otra y otra…, y los pasos se detienen delante
de la tuya (o pasan de largo), abren la puerta y la
luz se enciende, cegadora, y pronuncian varios nombres
y el tuyo (o el de otros compañeros) y una palabra
seca: ¡vístanse!

Es
la muerte para unos y un día más para
otros.

Los
condenados, tras pasar por “capilla”, eran
conducidos al cementerio de Ceares. Los fusilaban hacia
las ocho de la mañana, contra un paredón,
y eran enterrados a escasos metros en una fosa común.
Los familiares, si es que se llegaban a enterar, tenían
prohibido recuperar el cadáver.

Los
piquetes eran dos: uno de ejecución y otro de
vigilancia. Eran de la Guardia Civil y de la policía
de Asalto, y se alternaban en ambas tareas.

De
los condenados a pena de muerte que fueron ejecutados
a “garrote vil”, uno, debió de ser
agarrotado en Santa Catalina; los otros, en el patio
de la cárcel de El Coto. A una de estas ejecuciones
a “garrote vil” que se hicieron en uno de
los patios de la cárcel de El Coto fueron invitados
a asistir hombres, mujeres y niños, permitiéndoseles
entrar en la cárcel y contemplar tan sobrecogedor
espectáculo.

Al
terminar la guerra, en Abril de 1939, se produjo un
colapso en el sistema carcelario y en el funcionamiento
de la jurisdicción militar, tan elevado era el
número de prisioneros, y ello obligó a
que se empezaran a aprobar reducciones de condena. Unos
pocos salían y muchos más entraban.

Decreto
del Ministro del Ejército franquista, general
José Enrique Varela Iglesias, creando, con carácter
provisional, diversas Auditorías y una Fiscalía
Jurídico Militar por cada una de ellas.

La
actual organización Regional de la Justicia Militar,
responde a la lógica necesidad de centralizar
en las Regiones tan importantes funciones y de no separar
del mando militar el ejercicio de la Jurisdicción,
que es uno de sus necesarios e imprescindibles atributos.
Pero en los momentos presentes, en que se liquidan las
responsabilidades, que en tan enorme volumen se han
contraído durante el Glorioso Movimiento Nacional,
esta centralización regional somete a las Autoridades
Judiciales a un abrumador trabajo, incompatible con
la necesidad de liquidar rápidamente este importante
problema. Por ello, se impone la necesidad de aumentar
el número de Auditorías en la medida
que se estime necesaria y atribuir jurisdicción
independiente a las Autoridades Militares subalternas
de modo transitorio y entretanto subsista la necesidad
que ahora se aprecia. (…)

En
virtud de este decreto se crearon las siguientes Auditorías:

I
Región Militar: en Aranjuez (para las provincias
de Toledo y Cuenca); en Mérida (Ciudad Real,
Cáceres y Badajoz).

II
Región Militar: en Córdoba (Córdoba
y Jaén); en Granada (Granada, Málaga y
Almería).

III
Región Militar: en Murcia (Murcia, Albacete y
Alicante).

IV
Región Militar: en Gerona (Gerona y los partidos
judiciales de Berga, Vich, Manresa, Tarrasa, Sabadell,
Granollers, Arenys de Mar y Mataró de la provincia
de Barcelona); en Tarragona (Tarragona y Lérida).

V
Región Militar: en Guadalajara.

VI
Región Militar: en Bilbao (Vizcaya, Santander
y Guipúzcoa).

VII
Región Militar: “Auditoría de Asturias,
para toda la provincia de Oviedo.”

En
ese mismo BOE aparecen los nombramientos del general
de División honorario en situación de
reserva, Carlos Guerra Zabala, como vocal del Consejo
Supremo de Justicia Militar, y el del general de Brigada
Arturo Cebrián Sevilla como secretario del mencionado
Consejo.

No
sé si guardaría relación con lo
dispuesto en el anterior decreto o no, pero lo cierto
es que hay un momento en que en Gijón dejan de
celebrarse consejos de guerra y pasan a Oviedo. En esa
época, año 1939, se está “juzgando”,
principalmente, a los asturianos o avecindados en la
región que habían conseguido evacuar de
Asturias, pero que fueron capturados en la zona republicana
al finalizar la guerra. La mayoría de los consejos
de guerra son ahora individuales. Tanto en Gijón
como en Oviedo, los pelotones de fusilamiento seguían
funcionando.

En
los años 1944 y 1945, viendo que la derrota de
sus socios nazis y fascistas era ya irremisible, el
régimen de Franco, atendiendo a la total falta
de principios y al afán de permanencia en el
poder que caracterizaba a sus miembros, inició
el acomodo a la nueva situación internacional
introduciendo algunas modificaciones legales en el entramado
represivo. Entre ellas, se incluyeron nuevas normas
de reducción de condena y de puesta en libertad
condicional, lo que supuso, en la práctica, que
la mayoría de los presos de la guerra salieran
de la cárcel por esa época. Digo “salieran”
en vez de “quedasen en libertad”, porque
en España “libertad” no había,
seguía estando prohibido ser libre. Y menos que
nadie, los expresos, la totalidad de los cuales tenían
que presentarse todas las semanas o cada quince días
en el cuartel de la Guardia Civil y, además,
eran vigilados y molestados constantemente. Muchos de
ellos, por determinación de alcaldes, párrocos
y comandantes de puesto de la Guardia Civil, fueron
desterrados a otras provincias, lejos del pueblo en
el que nacieron o vivían. El nueve de Octubre
de 1945 se concedió por decreto el indulto para
los condenados por rebelión militar que no habían
sido fusilados.

 

El Vice-Imperio Ibero-Africano.

Por
Miguel de Unamuno.
Hojas Libres, Abril de 1927.

Don
Alfonso XIII, el último Habsburgo coronado, se
propuso, así que llegó a reinar en España,
reparar el desastre de la Regencia, el de 1898,
la pérdida de Cuba, de Puerto Rico y Filipinas.
La de Filipinas se debió sobre todo al asesinato
del noble tagalo Rizal. Con tal propósito
preparaba –¡pobre Canalejas!- la conquista
de Portugal y soñaba en la de Marruecos por guerra
de Cruzada. Una vez declaró a su ministro,
el Sr. Alcalá Zamora, que solo esperaba la mayor
edad del desgraciado Príncipe de Asturias –ex
futuro Alfonso XIV- para intentar establecer
el poder personal, declarándose emperador y rey
absoluto, y si le fracasaba, abdicar en su hijo.
Con tales designios durante la gran guerra se mantuvo
al lado de los Imperios centrales en espera de que,
vencedores ellos –así lo creía él-
le darían Gibraltar, todo Marruecos –Tánger
incluido- y Portugal, quedándose Alemania con
las colonias de éste. Y así se establecía
lo que hemos llamado el Vice-Imperio Ibero-Africano.

Siendo ministro
de Estado el marqués de Lema, el rey, actuando
anti-constitucionalmente de agente diplomático
-¡se cree, el pobre, con dotes de tal!- le dijo
que se iba a Londres a arreglar lo de Tánger.
De Londres y de París, donde se detuvo luego,
volvióse a España echando chispas. Habíanle
deshauciado haciéndole ver que mal podía
pretender un protectorado sobre Tánger, un Estado
–no digamos nación porque la nación
y el pueblo permanecían extraños a esos
ensueños imperialistas y pretorianescos-, un
Estado que no sabía pacificar el Rif, llevando
una Cruzada contra todos los derechos de gentes y de
humanidad. Entonces fue cuando el rey pidió al
general Fernández Silvestre, mucho menos civilizado
que los moros, que tomase Alhucemas para poder exigir
Tánger.

El Silvestre
le prometió que el día de Santiago Matamoros
ondearía en Axdir la bandera del rey.
Y vino lo de Annual, debido más aun
que a impericia militar o a cobardía, a que la
campaña de Marruecos era impopular, inmoral e
injusta. Y empezó el clamoreo pidiendo
responsabilidades, no sólo militares, sino administrativas,
por la sangría y el robo sueltos de Marruecos…
Era la minoría socialista del Congreso la que
llevaba en ello la voz cantante, como en pedir el abandono,
por humanidad y por justicia, de Marruecos.

Inmediatamente,
los pretorianos y el rey se propusieron ahogar lo de
las responsabilidades y eso, aunque el rey me dijo a
mí mismo –y Romanones lo oyó- que
sí, que había que exigir todas las responsabilidades
y las de todos, “hasta las mías –añadió-
si me alcanzasen”.

A
la vez, los pretorianos rapaces e inhumanos –su
cabecilla el general M. Anido- se indignaban por el
rescate de los cautivos de Annual y pedían el
desquite como si se tratara de un duelo. Tal era el
origen de la inquina contra el Sr. Alba, de
quien el rey decía que quería entregar
Marruecos a los colonialistas franceses. A lo que hay
que agregar, que el Sr. Alba era el mejor enterado de
las depredaciones y robos y chanchullos de los jefes
pretorianos en Africa. Y así se preparó
el golpe de estado del 13 de Septiembre de 1923.

No lo preparó
el botarate de Primo de Rivera, patente mentecato, lo
que no quita que sea mal sujeto, henchido de ruines
y rastreras intenciones y de pésima fe. Primo
redactó el grotesco y soez manifiesto, el de
la casta y la masculinidad y la invitación a
la delación anónima y las calumnias. El
pronunciamiento se dirigió desde San Sebastián,
donde estaba el rey y el M. Anido al teléfono,
en la sucursal del Credit Lyonnais. No lograron el rey
y sus pretorianos coger al Sr. Alba para fusilarlo.
Y se inauguró lo que llaman dictadura
y es tiranía pretoriana con que se atropella
más aún que a la Libertad a la Justicia.
Los pistoleros asesinos entraron al servicio de Gobernación.
Y así los bomberos dejaron de provocar incendios.
Aunque no del todo.

Y seguía
lo de Tánger. El botarate de Primo, se fue a
Marruecos a intentar una retirada, acaso para crear
un conflicto con Francia, pero tuvo que retractarse
y se entró en el convenio franco-español,
para la toma de Alhucemas y la captura de Abd-el-Krim,
que había de ser el desquite duelístico
de lo de Annual y la prenda para exigir de
nuevo Tánger. Ya el rey había
calificado solemnemente, en un disparatado discursete
ante el Papa, de Cruzada la operación de policía
para establecer el protectorado civil en el Rif. Con
la ayuda terrestre y marítima del ejército
francés, se logró la modestísima
toma de Alhucemas, a la que de una manera grotescamente
cómica, se le quiso dar el alcance de un victoria
épica. Mas el pueblo permaneció frío
y el monumento conmemorativo de aquella acción,
hubo que elevarlo dentro del Ministerio de la Guerra.
A nadie engañó el simulacro. Ni
se rindió Abd-el-Krim, sino algo más tarde,
después de unas negociaciones y teniéndole
que dar diez millones de pesetas. Y se rindió
a los franceses, con la garantía de
ser tratado como un jefe enemigo beligerante y no como
un faccioso rebelde. El verdadero rebelde –rebelde
a la civilidad y a la humanidad- había sido el
general F. Silvestre. Aquella entrega del caudillo rifeño
hirió en lo vivo a los duelistas matones del
pretorianismo imperialista del Estado de Alfonso XIII
–no quiero llamarle español.

A todo esto
en España, ni había Parlamento, ni corporaciones
de sufragio popular, a pesar de que Don Alfonso prometía
su restablecimiento por dos veces a Mr. Briand y a otros.
Pero no veía el modo de evitar que se les pidiese
cuentas a los pronunciados del 13 de Septiembre, a los
tiranuelos de la dictadura y a él mismo. En
13 de Septiembre de 1924, en el primer aniversario del
garrotazo de Estado, el rey mismo le dijo a un amigo
mío: “Esto pasará y se hará
justicia a todos”. Es lo que el Sr. Sánchez
Guerra pidió en Vitoria. Pero lo que
no se quiere es justicia y para evitar que se haga justicia
se mata la libertad. Porque sin libertad no se puede
hacer justicia; ¡libertad de la Verdad!

Por no haber
Parlamento, ni autoridades populares de sufragio libre,
por no ser España nación democrática
y libre y constitucional, no pudo seguir en la Sociedad
de Naciones. Y por eso mismo no puede reclamar el protectorado
de Tánger. ¿Protectorado? ¿Y quién
protegerá de los protectores a los protegidos?,
de esos protectores que atropellan el derecho y la justicia
y la dignidad y en España misma tratan a los
ciudadanos como a siervos sin derechos, estableciendo
el robo de Estado, como en las multas llamadas extralegales,
y el asesinato de Estado como en lo de los primeros
sucesos de Vera? No, los de la innoble y salvaje e inhumana
Cruzada del Rif, no pueden pedir la regencia de Tánger.
¿O es que se quiere hacer de Tánger –lo
que queda del ensoñado Vice-Imperio Ibero-Africano-
un otro Principado de Mónaco, con Mr. Marquet
de Gran Visir y en que alguna vez vaya a tallar, rodeado
de sus caudillos bien alumbrados, el Príncipe
mismo? ¡Que todo pudiera ser…!

¡No!
Al pueblo español, al verdadero pueblo, le tiene
sin cuidado lo de Tánger. Y a los que ven lejos
y hondo les preocupa este aspecto de desquite duelístico
mezclado con matonerías de timba. Y comprenden
que la dignidad y la civilidad de España no pueden
quedar bien si no queda mal la pretorianería.
Como comprenden también que, si los ejércitos
son para evitar guerras y no para provocarlas, no se
puede hacer ni guerras ni guerrillas para los mercenarios
del ejército y para ascensos y recompensas y
obvenciones.

En
Hedaya, a diez de marzo de 1927.